Ignacio Huertas: "Necesitamos que haya una ley que defienda a las explotaciones familiares"

-Tras más de dos décadas liderando UPA-UCE en la región, ¿por qué deja la secretaría general?

-Es una decisión que venía madurando desde hacía tiempo. En febrero celebramos el Congreso Federal y en la nueva Comisión Ejecutiva acepté la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, un cargo que exige dedicación plena. Era consciente de que no podía seguir al mismo tiempo en Extremadura. Además, creo que era el momento de dar paso a una nueva generación. En los congresos comarcales estamos viendo gente joven, con ilusión, con ideas nuevas. Ese relevo es muy positivo para la organización.

-Si echa la vista atrás, ¿cómo ha cambiado el campo extremeño?

-En la mayoría del sector, los cambios han sido muy positivos. Se ha producido una modernización enorme de las explotaciones. Hoy nada tiene que ver trabajar en el campo con cómo era hace dos décadas, ya no hay tanto trabajo físico porque en muchos sectores tenemos maquinaria muy adaptada y todo esto ha redundado en beneficio de los agricultores y de los ganaderos, quienes también han evolucionado en su forma de ver las cosas. En sectores como el tomate somos punteros a nivel europeo.

-En la actualidad, ¿cuáles son los problemas principales?

-La falta de mano de obra es uno de ellos. En este ámbito, pedimos que se permita emplear a personas que viven en nuestros pueblos y están en proceso de regularización, porque no entendemos que estén ahí y no puedan trabajar de manera legal cuando hay gente que lo haría encantada. También planteamos que una persona que venga de otro país y pueda estar hasta nueve meses con contratos de trabajo tenga la opción de trabajar para diferentes campañas, aunque eso sí, necesitaría un alojamiento digno para vivir. Otro gran problema es que, muchas veces, se están instalando grandes explotaciones de la mano de fondos de inversión que están quedándose con tierras de los agricultores y de los ganaderos donde había explotaciones familiares. Si bien, y por suerte, estas siguen siendo la mayoría de las que hay en la región.

-Sobre los fondos de inversión, ¿qué impacto real están teniendo?

-El impacto es cada vez mayor. Estamos viendo cómo grandes empresas y fondos de inversión están comprando miles de hectáreas. Esto lo hacen sin arraigo, sin compromiso con el territorio, solo para obtener rentabilidad rápida. Eso provoca que los jóvenes tengan más dificultades para acceder a la tierra, que suban los precios y que se rompa el tejido productivo tradicional, basado en pequeñas y medianas explotaciones. Si no se regula, puede poner en riesgo nuestro modelo agrario. En el año 2023 el 9% de las explotaciones, que eran personalidades jurídicas, se llevaron el 40% de los apoyos que vienen para la agricultura y la ganadería en nuestro país.

-¿Cómo se puede defender a las explotaciones familiares?

-Tenemos que exigir que haya una regulación que impida que estos que llegan a especular y sin compromiso con el territorio sean encima los principales perceptores de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Tiene que haber una priorización hacia las explotaciones familiares y profesionales, que son las de la gente que vive en los pueblos, las que generan un beneficio para el conjunto de los ciudadanos. Por ello, pedimos que haya una ley transversal para la agricultura familiar, que priorice a este tipo de explotaciones.

-La falta de relevo generacional es una realidad y ha mencionado que los jóvenes tienen problemas para incorporarse al campo, ¿algunas medidas para solventar esta cuestión?

-El acceso a la tierra es el mayor obstáculo y hay que mejorar esto. Muchos jóvenes solo pueden incorporarse si heredan una explotación familiar. Por eso proponemos una medida que permita que los agricultores jubilados cedan sus tierras a jóvenes a cambio de un apoyo adicional de la PAC. También pedimos más ayudas y más presupuesto: el 60% de los nuevos agricultores no reciben ninguna subvención de incorporación. Y, por supuesto, hay que mejorar los servicios en el medio rural: educación, sanidad, transporte o cultura. Si no hay condiciones de vida dignas, los jóvenes no se quedarán en los pueblos.

-¿Qué postura defiende en torno a la Política Agraria Comunitaria?

-Estamos en plena revisión del Marco Financiero Plurianual de la UE, que va a definir el presupuesto agrícola de 2027 a 2030. La PAC condiciona muchísimo la actividad agrícola y ganadera, pues aunque hay sectores que no perciben ninguna ayuda, la mayoría reciben apoyos que son necesarios para que los agricultores y los ganaderos puedan seguir produciendo. También se nos obliga a producir con unas condiciones determinadas y luego tenemos que competir con otras producciones que vienen de fuera que no cumplen estos requisitos. Hasta ahora, España ha mantenido una posición unánime de rechazo al planteamiento de la presidenta de la Comisión y debemos seguir así. Lo que pedimos es una PAC fuerte y social que priorice a las explotaciones familiares. Hay un modelo injusto que favorece a las grandes corporaciones frente a los agricultores que viven en los pueblos.

-¿Qué papel juega la modernización tecnológica en el futuro del campo extremeño?

-Un papel clave. La digitalización, la mecanización y las nuevas tecnologías son fundamentales para reducir costes, mejorar la eficiencia y atraer a jóvenes con formación. Pero para que eso ocurra, hacen falta ayudas concretas y acceso a internet de calidad en las zonas rurales. Aún hay pueblos donde la conexión es deficiente y eso es un freno enorme para la modernización.

-¿Cómo se plantea su nueva eta en la Ejecutiva Nacional?

-Voy a seguir trabajando por los agricultores y ganaderos, pero especialmente por los de Extremadura. Lo último que me gustaría trasladar es que merece la pena luchar por las explotaciones familiares, ya que estas son las que más beneficios van a generar al conjunto de la sociedad y las que necesitamos para que haya un futuro próspero para la agricultura y la ganadería.