Más de 55.000 millones de euros de la economía española dependen del agua de los embalses

Más de 727 kilómetros cuadrados de territorio extremeño están ocupados por embalses. Eso es más que todo el espacio que suman juntos los términos municipales de Madrid y Barcelona. Solo otra comunidad autónoma, Andalucía, que tiene una superficie total que es más del doble que la extremeña, se mueve en unos datos comparables, y aun así queda lejos (599 kilómetros cuadrados). Uno de cada cinco embalses españoles (218, un 19,4%) cubre de agua parte de la geografía de la región.

En términos económicos, la disponibilidad de agua embalsada es determinante para sectores como el agrario, a través del regadío, o el energético. Impacto al que ahora ha puesto cifras un informe elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España (CGE): más de 55.000 millones de euros anuales de actividad económica dependen del agua regulada por los embalses, de los que cerca de 40.000 millones corresponden al efecto directo en la facturación en las ramas agraria y energética. Los otros 15.400 millones proceden la estimación de lo que aporta a la industria agroalimentaria. Además, en el ámbito laboral, más de 530.000 empleos están vinculados a actividades que serían inviables sin esa regulación de los caudales.

«Los embalses son una parte relevante del sistema» cuyos «impactos tanto positivos como negativos» deben «ser evaluados con objetividad», se apunta en el estudio, denominado ‘El valor económico y estratégico de los embalses en España’ y presentado este viernes. Más allá de la aportación económica, en este trabajo también se destaca que las presas desempeñan «un papel crucial en la fijación de caudales ambientales y en la laminación de avenidas, reduciendo de forma sustancial las pérdidas humanas y materiales asociadas a inundaciones».

Infraestructuras esenciales

«Lejos de ser un legado obsoleto, los embalses son infraestructuras esenciales para afrontar los retos del cambio climático, la transición energética y la seguridad alimentaria en las próximas décadas», resaltó durante la presentación de este trabajo el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín.

«España debería, por tanto, al hilo de este y otros estudios similares, reforzar su política de planificación y mantenimiento de estas infraestructuras, invertir en su modernización y complementar su papel con soluciones innovadoras», como la reutilización y la desalación, agregó Vázquez Taín. Todo ello «dentro de una estrategia nacional del agua que priorice el interés general y la sostenibilidad de largo plazo», apostilló.

Pascual Fernández Martínez, economista e investigador del Servicio de Estudios-CGE, esgrimió que «España vive instalada en una paradoja hídrica: somos un país con un comportamiento climático cada vez más volátil, con sequías más largas e intensas seguidas de episodios extremos, pero con una economía que depende estructuralmente del agua regulada.» En este punto, señaló, «nuestro estudio confirma que sin embalses apenas podríamos utilizar en torno al 7%-9% del agua disponible, lo que equivaldría a paralizar buena parte de nuestra capacidad productiva».

Por su parte, el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, hizo hincapié en que «en un escenario de precipitaciones decrecientes, la planificación, el mantenimiento y la modernización de los embalses dejan de ser opciones para convertirse en una política económica de primera magnitud». Asimismo, remarcó que «la conclusión económica es clara: sin embalses la economía española perdería eficiencia, resiliencia y competitividad».

Regadío y abastecimiento

España cuenta con más de 3,6 millones de hectáreas regadas, que aportan el 65% de la producción agraria a pesar de ocupar únicamente el 22% de la superficie cultivada. «Este sector, altamente modernizado y competitivo, sostiene a su vez a la industria agroalimentaria y es parte relevante de nuestro potente sector exportador», se recoge en el estudio. De no contar con el respaldo de los embalses, casi tres cuartas partes de estas superficies, todas a excepción de las que se riegan con aguas subterráneas, «resultarían inviables, con pérdidas estimadas de decenas de miles de millones de euros y cientos de miles de empleos, poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria y la posición internacional del país», se razona.

El abastecimiento urbano, por su parte, también presenta una fuerte dependencia de los pantanos, cifrada en un 70%, de las aguas superficiales reguladas, mientras que el 30% restante de aguas llega de acuíferos y desalación. «Sin embalses, la garantía de suministro, la calidad del agua y la estabilidad de los sistemas urbanos se verían comprometidas», se argumenta.

Asimismo, su papel es igualmente decisivo en el ámbito energético. No solo por resultar esencial para la producción energía hidroeléctrica, que prácticamente en su totalidad se genera en presas, también por ser fundamental en la refrigeración de todo tipo de centrales térmicas, desde las termosolares a las de biomasa, y de plantas nucleares.

«En suma, los embalses no solo representan un capital físico e histórico indudable, sino que, sumando sus beneficios patrimoniales, económicos, ambientales y sociales, gestionan un volumen de riqueza de considerable valor», se incide. Algo que «refuerza la idea» de que «son activos absolutamente estratégicos para la economía nacional y no simples infraestructuras hidráulicas», se concluye.