El pueblo gitano de Extremadura exige la reactivación de su Consejo Regional ante las próximas elecciones

En una fecha cargada de simbolismo, coincidiendo con el cierre de los actos del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, las principales entidades gitanas de Extremadura alzan la voz. El objetivo es unánime: la vuelta al funcionamiento del Consejo Regional del Pueblo Gitano, una institución histórica que hoy se encuentra inactiva.

Extremadura marcó un hito en la historia democrática de España al ser la primera comunidad autónoma en constituir un órgano de participación y diálogo de esta naturaleza. Sin embargo, lo que nació como un instrumento de vanguardia para el reconocimiento de los derechos de la comunidad, atraviesa actualmente un periodo de parálisis, según critica la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (Fapugex).

“No podemos permitir que un instrumento tan esencial para nuestra participación política y social permanezca inoperativo. Sería una contradicción histórica y un fracaso democrático”, han declarado los portavoces.

Un compromiso "gobierne quien gobierne"

Las organizaciones son tajantes al exigir que el Ejecutivo que surja de las urnas el próximo 21 de mayo, independientemente de su color político, asuma el compromiso de reactivar y convocar este Consejo con carácter de urgencia.

Para asegurar que esta demanda sea escuchada, se han trazado las siguientes líneas de acción:

Envío de una carta formal: se remitirá de forma inmediata a todas las formaciones políticas con aspiraciones parlamentarias.

Inclusión en programas: se insta a los partidos a que la reactivación del Consejo figure como un compromiso electoral explícito.

Notificación institucional: se enviarán copias de la petición tanto a la Junta de Extremadura como a la Asamblea regional.

La comunidad gitana en Extremadura, compuesta por unas 16.000 personas, reclama que esta medida se trate como una "cuestión de interés general". Tras seis siglos de presencia en el territorio, consideran que la plena operatividad de sus órganos de interlocución no es una concesión, sino un acto de justicia histórica y una herramienta práctica para abordar los retos del futuro.