21D: elecciones en Extremadura
El Tercer Sector exige igualdad, blindar los derechos LGTBI y reforzar las políticas sociales
Fundación Triángulo, Extremadura Entiende y la Coordinadora Extremeña de ONGD piden a los partidos que apoyen al colectivo y no den pasos atrás en cooperación internacional y en memoria histórica

Manifestación del colectivo LGTBI en Cáceres. / CARLOS GIL
A tan solo cuatro días de que se celebren las elecciones autonómicas, el Tercer Sector extremeño traslada las prioridades que, a su juicio, deben guiar la próxima legislatura. Fundación Triángulo, Extremadura Entiende y la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) coinciden en algunas de las cuestiones que solicitan a los partidos: blindar los derechos conquistados, frenar la desigualdad y construir una Extremadura más justa, rural y democrática. Las entidades presentan una batería de propuestas y advertencias que conectan la igualdad LGTBI, la lucha contra la pobreza, la cooperación internacional y la recuperación de la Ley de Memoria Histórica extremeña.
La presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, exige a los partidos un compromiso «claro, nítido, contundente y sin interpretaciones de ningún tipo» para garantizar los derechos de las personas LGTBI. «Un claro posicionamiento de no retroceso y de continuar avanzando para erradicar las discriminaciones y las violencias que todavía sufrimos por nuestras orientaciones sexuales o identidades de género», lamenta. En este sentido, recuerda que Extremadura ha estado «a punto de perder avances legislativos», después de que Vox solicitara eliminar la actual ley LGTBI extremeña.
Tostado subraya la importancia de poner en marcha políticas públicas activas que trasladen los avances legislativos a la vida cotidiana de los municipios, especialmente en las zonas rurales: «Es imprescindible que las políticas locales, desde servicios sociales hasta educación y deporte, estén impregnadas por la diversidad», afirma. «No queremos que las personas LGTBI tengan que abandonar los pueblos por el hecho de ser LGTBI. Es un reto», subraya.
Entre las demandas de Fundación Triángulo, destaca la aprobación urgente del plan educativo LGBTI, contemplado en la ley desde 2015: «Hay personas que están sufriendo situaciones vejatorias en sus centros educativos y el profesorado, como autoridad en estos centros, necesita tener las herramientas suficientes como para poder actuar de forma clara en este sentido y sin miedo. «No podemos tolerar actitudes que se restan importancia diciendo que son cosas de niños. La discriminación empieza temprano y deja huella en la vida adulta», advierte. Por último, Tostado recuerda que la memoria democrática (cuya ley regional ha sido derogada este año por PP y Vox) también tiene que ver con la memoria LGBTI.
Mujeres rurales
La vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, subraya que, aunque se han desarrollado algunas políticas rurales enfocadas a mujeres, todavía queda mucho por hacer: «Pedimos a los partidos que realmente consideren las necesidades de las mujeres rurales y que no se quede todo en buenas intenciones». Otro de los ejes de su mensaje es la salud mental, especialmente de niños, niñas y adolescentes, así como de los miembros del colectivo LGTBIQ+ que sufren bullying o violencia dentro de la comunidad: «Es una de las áreas que creemos que hay que reforzar».
Por otra parte, Ramos reclama coherencia en las políticas a la hora de llevar los eventos culturales a los municipios grandes y pequeños, con un compromiso real con la presencia de mujeres en los escenarios, alertando que la representación femenina en grandes eventos ha ido disminuyendo. Dentro del colectivo LGTBIQ+, Ramos señala que algunas realidades siguen sufriendo más violencia que otras, como las mujeres trans y la invisibilidad de las personas intersexuales, para quienes pide políticas firmes de visibilización y protección en ámbitos como la salud y la educación, así como un desarrollo efectivo de la ley LGTBI.
Además, el colectivo solicita que se retomen las medidas contempladas en la ley de memoria histórica, con el objetivo de «visibilizar el pasado y evitar la repetición de errores y episodios de violencia». Por último, Ramos enfatiza la importancia de que no se recorten los servicios sociales, considerados fundamentales para la comunidad. «Queremos mantener todos los avances logrados en los últimos años, pero también avanzar más, porque todavía no hemos conseguido todo», al tiempo que insiste en que el apoyo del gobierno será clave para seguir avanzando en igualdad y derechos.
Recortes en cooperación
La técnica de la Coordinadora Extremeña de ONGD, Verónica Carpio, expresa su preocupación por los recortes llevados a cabo en las políticas públicas de cooperación y ayuda humanitaria en la región. Según la organización, los presupuestos de los últimos años han sufrido disminuciones significativas, lo que limita seriamente la capacidad de actuar en países donde históricamente han trabajado. «Estos recortes afectan directamente a nuestras contrapartes, asociaciones y a la población que se beneficia de nuestras intervenciones», explica.
La línea más afectada ha sido educación para la ciudadanía global, que incluye proyectos con asociaciones, colectivos de mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y centros educativos, tanto en educación formal como no formal. Este año, únicamente se han aprobado cuatro o cinco proyectos, una cifra que consideran insuficiente para continuar su labor. Entre otras cuestiones, piden blindar el acceso universal a salud, educación, vivienda y protección social, con enfoque de derechos y equidad territorial; reforzar las prestaciones de garantía de rentas y las políticas de vivienda para reducir el peso del gasto habitacional sobre los hogares en pobreza.
En cuanto a las políticas feministas y de diversidad, piden aprobar una Estrategia Extremeña de Cuidados y Conciliación, con corresponsabilidad, red pública de cuidados y empleo dignos; reforzar las políticas frente a violencias machistas y LGTBIfóbicas, con recursos estables; así como garantizar la participación efectiva de mujeres y personas LGTBI+ en espacios de decisión política, social y económica. Entre otras cuestiones sociales, desde la Coordinadora piden crear un Observatorio Extremeño de Derechos Humanos y Democracia Participativa, además de garantizar servicios públicos esenciales en las zonas rurales.
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