Hacienda destaca el peso de la población ajustada y los fondos de compensación del nuevo modelo para Extremadura

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que recoge los criterios para el reparto de los recursos públicos entre las diferentes regiones. Este nuevo sistema, que sustituye al actual tras 17 años de vigencia, empezará a aportar en el año 2027, si bien aún debe ser debatido con las comunidades, aprobado por el Consejo de Ministros y respaldado en el Congreso.

Según Hacienda, con este nuevo sistema las comunidades recibirán 20.975 millones más de los que obtendrían si se mantiene el modelo vigente: en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las autonomías obtuvieron 152.484 millones del sistema de financiación, frente a los 224.507 millones que se estima que recibirían en 2027 (+47%). Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones que en mayor medida ven mejorada su financiación con el modelo propuesto por el Gobierno frente a Extremadura y Cantabria, que son las dos únicas en las que la propuesta no se traduce en un aumento cuantitativo de recursos.

Compensación de 216 millones

Pese a ello, en el caso de Extremadura el departamento de Montero destaca una compensación de 216 millones procedentes del Fondo de Compensación Territorial para asegurar la prestación de los servicios. Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan además que la región será "una de las más beneficiadas por el criterio de población ajustada, que es un 9,1% superior a su población real".

"En concreto, obtiene recursos de la nueva variable de costes fijos, que implica tener en cuenta el sobrecoste de los servicios públicos para comunidades con una menor población. También está entre los territorios que más recursos reciben por superficie", se indica.

Asimismo, con la propuesta estatal, Extremadura se beneficia "especialmente" de la solidaridad interterritorial que recoge el nuevo modelo y que supone que los territorios con mayor capacidad de financiación aportan recursos a las comunidades con menor capacidad. Además, recibiría financiación del nuevo fondo climático y la cláusula de statu quo, que "garantiza que la comunidad no perderá recursos".

"Blindar el Estado del Bienestar"

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, Montero ha destacado este viernes que el modelo propuesto es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos para blindar el Estado de Bienestar, refuerza y amplía la solidaridad interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por habitante.

Dicha propuesta ha sido remitida al conjunto de gobiernos autonómicos para su conocimiento, con el fin de que sea debatida y analizada el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ya ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta del Gobierno, avanza que la región votará en contra.

Más solidaridad

En ese mismo contexto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda asegurando que la región es una de las comunidades "que más beneficiada sale" en el ajuste de la población contemplado en el nuevo modelo de financiación autonómica. Según ha explicado, Extremadura recibe "un 9,1% más que su población real" gracias al criterio de población ajustada y obtiene además recursos vinculados a los costes fijos, lo que, a su juicio, permite "garantizar el mantenimiento de los servicios públicos básicos".

Quintana ha subrayado asimismo que el modelo refuerza la solidaridad interterritorial y contempla para Extremadura una compensación de 216 millones de euros, al tiempo que ha recordado que la propuesta aún debe ser debatida y ratificada en el Congreso de los Diputados, por lo que "tiene un recorrido de varios meses" antes de su eventual aprobación. En este sentido, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha tratado bien a Extremadura" y ha cifrado en 7.356 millones de euros el incremento de las aportaciones del Ejecutivo socialista a la región respecto al mismo periodo del Gobierno de Mariano Rajoy, destacando además que el nuevo modelo mantiene la cláusula de statu quo, que garantiza que la comunidad no perciba menos recursos que con el sistema actual.

Cesión del IVA y el IRPF

Buena parte del aumento de la aportación procederá de una mayor cesión de la recaudación de IRPF e IVA a las autonomías, que pasará del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente. Además, se incorporarán a la cesta de impuestos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema para una mayo autonomía fiscal.

El nuevo modelo dará a las comunidades autónomas que lo deseen la posibilidad de recibir un 5% del IVA generado por las pymes en su territorio: si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirán una transferencia, y, de lo contrario, tendrán que hacer una aportación. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Población ajustada

Junto a la cesión de impuestos, la otra clave del nuevo modelo es el cálculo renovado para el criterio de población ajustada, la variable que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando los factores que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido.

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

• Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30% de la ponderación de la población ajustada.
• Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38%. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en función de la edad de los beneficiarios.
• Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otra dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%.
• Servicios sociales.  La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Despoblación

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación:

• Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación.
• Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.
• Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.
• Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.

Ajustes adicionales y de nivelación

Sobre este cálculo de la población ajustada se aplican unos ajustes de nivelación horizontal (por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad, reciben) y vertical (por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante).

Nivelación horizontal

Según ha señalado Montero, el modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado, determinada a partir de su capacidad tributaria.

De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante. "Cabe destacar que Extremadura es una de las comunidades más beneficiadas por esta solidaridad interterritorial", afirma Hacienda.

Nivelación vertical

Este parámetro "es el que visibiliza de manera más evidente el compromiso del Gobierno y el Estado con las comunidades autónomas y el Estado de Bienestar". Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad autónoma respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición.

Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en dos tercios la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

Nuevos fondos

A estos se añaden ajustes adicionales, entre ellos un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, que irá en dos tercios para las regiones del litoral mediterráneo y un tercio para el resto. Finalmente, habrá un "elemento de cierre", denominado 'statu quo', para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones, que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura.

Y ya fuera del sistema de financiación, Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía. En el caso de Extremadura, la compensación será de 216 millones de euros.