Acoso telefónico
¿Qué ocurre con la ley contra las llamadas spam? El 64% de los extremeños sigue recibiéndolas
Una encuesta de UCE desvela que el 66% de los participantes afirma recibir más comunicación comercial ahora que hace seis meses

Denuncia de los consumidores ante el spam telefónico. / El Periódico
La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha denunciado la "indefensión real" que, a su juicio, siguen sufriendo los ciudadanos frente al spam telefónico, pese a la reciente aprobación de una nueva normativa destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales abusivas. La asociación sostiene que la legislación vigente "no está funcionando" y que el acoso telefónico continúa siendo "masivo y estructural".
Según los datos recabados por la organización en una encuesta reciente, el 63,8% de los consumidores afirma haber recibido llamadas comerciales en los últimos 15 días. Para la UCE, esta cifra pone en cuestión la eficacia de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, plenamente vigente desde junio de 2023, que reconoce el derecho a no recibir llamadas comerciales sin consentimiento previo expreso.
A este marco normativo se suma la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre de 2025, hace menos de dos meses. Se trata de la primera norma estatal que regula de forma específica los servicios de atención al cliente y que fue impulsada con la intención de establecer estándares mínimos de calidad para garantizar que no se producen abusos contra los consumidores en sus relaciones con las empresas.
Más llamadas al móvil y desde el extranjero
La ley fija, entre otros aspectos, límites a los tiempos de espera, refuerza el derecho a recibir atención personalizada y prohíbe que las llamadas realizadas para gestionar incidencias, reclamaciones o soporte técnico se utilicen con fines comerciales. No obstante, según la UCE, la existencia de este marco legal "no garantiza por sí sola su cumplimiento ni su eficacia inmediata".
El estudio también revela que el 73,8% de las llamadas comerciales se recibe en el teléfono móvil, frente al 53,8% en el fijo. La UCE subraya que esta circunstancia agrava la sensación de invasión, al tratarse de un dispositivo estrechamente vinculado a la vida personal y profesional de los usuarios.
Origen de las llamadas
Uno de los datos que la organización considera más preocupantes es el origen de las llamadas. Un 70,2% de los encuestados asegura haber recibido llamadas procedentes del extranjero. Según explica la asociación, este fenómeno estaría relacionado con la externalización de centros de llamadas fuera de la Unión Europea y con el uso de técnicas de suplantación de identidad, como el 'caller ID spoofing', que permite que llamadas originadas en otros países aparezcan en pantalla como números españoles.
A juicio de la UCE, esta práctica genera "una grave situación de impunidad", al dificultar la actuación de las autoridades españolas y complicar la tramitación de denuncias por parte de los consumidores.
La percepción de los usuarios empeora
Lejos de mejorar, la percepción ciudadana es que el problema se ha intensificado. El 66% de los participantes en la encuesta afirma recibir más llamadas comerciales ahora que hace seis meses. La Unión de Consumidores atribuye este incremento a la automatización de las llamadas mediante sistemas robotizados y a la reutilización de bases de datos que aumentan de valor cuando un número se confirma como activo.
La organización también denuncia las dificultades para presentar reclamaciones. Aunque existen mecanismos ante la Agencia Española de Protección de Datos, la UCE señala que el proceso exige identificar números que a menudo no se corresponden con el origen real de la llamada, lo que desincentiva la denuncia por parte de los afectados.
Ante este escenario, la Unión de Consumidores de Extremadura considera que tanto la Ley General de Telecomunicaciones como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela son "pasos necesarios pero insuficientes" y reclama una mayor capacidad sancionadora, actuaciones de oficio por parte de las administraciones competentes y una cooperación internacional más eficaz para combatir el fraude telefónico.
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