El primer Plan Forestal de Extremadura destina casi el 60% del presupuesto a prevenir incendios

Tras el peor verano de la historia, con más de 40.000 hectáreas convertidas pasto de las llamas, el primer Plan Forestal de Extremadura nace con el objetivo de reforzar la prevención y reducir de forma estructural el riesgo de grandes incendios en una región donde casi el 70% del territorio es superficie forestal. El documento, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, fija 198 medidas y movilizará casi 365 millones de euros en la próxima década, de los que un 55% se dedicarán en exclusiva a actuaciones preventivas.

La portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, subrayó que la activación del plan «salda una deuda histórica con los montes»: el primer borrador se publicó hace más de 10 años en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), pero nunca llegó a ponerse en marcha. Ahora, sobre esa base, y tras un periodo de negociación con agentes sociales, empresas y organizaciones profesionales, se ha trazado una nueva hoja de ruta que se configura como imprescindible en un contexto de cambio climático y amenaza creciente de incendios extremos como el de Jarilla.

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Cinco ejes estratégicos

El documento articula cinco ejes estratégicos, entre ellos la conservación de la biodiversidad, la adaptación climática, la bioeconomía forestal y el fortalecimiento de la gobernanza, todo con las políticas de prevención como pilar prioritario: de una inversión total de 364,2 millones de euros, 203 se destinarán a actuaciones orientadas a reducir el riesgo, mejorar la gestión y fortalecer la resiliencia de los montes.

El plan detalla un amplio paquete de actuaciones preventivas, que incluyen la gestión del combustible forestal mediante áreas cortafuegos estratégicas, fajas auxiliares en caminos y carreteras o tratamientos selvícolas destinados a reducir matorral en zonas de alto riesgo. También prevé la restauración de áreas degradadas y la diversificación de masas forestales para mejorar la resiliencia ante sequías prolongadas y olas de calor.

Ordenación de montes

La mejora de la infraestructura forestal es otro de los ejes clave. El documento contempla el acondicionamiento y ampliación de pistas, la señalización de accesos, la actualización del inventario de puntos de agua y la digitalización de información crítica para facilitar la movilidad de los equipos de extinción. A ello se suma el refuerzo de los sistemas de vigilancia y detección temprana, con la integración de modelos de riesgo, datos climáticos y herramientas satelitales.

El plan apuesta además por mejorar la coordinación entre los servicios de extinción, protección civil, agentes del medio natural y administraciones locales para agilizar respuestas y protocolos.

El Plan Forestal impulsa la ordenación de montes, tanto públicos como privados, como herramienta fundamental para planificar a largo plazo, priorizar actuaciones y acceder a ayudas. La ordenación forestal permitirá establecer criterios homogéneos de gestión y diseñar tratamientos preventivos adaptados al territorio.

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Cambio climático

El documento incorpora asimismo directrices de adaptación al cambio climático, con actuaciones orientadas a prevenir la mortalidad por estrés hídrico, restaurar suelos erosionados, mejorar la conectividad ecológica y recuperar áreas especialmente vulnerables. La Junta sitúa también la actividad económica como parte de la estrategia preventiva.

El plan promueve el uso sostenible de recursos forestales, tanto maderables como no maderables (corcho, resina, setas, castañas o plantas aromáticas), así como el fomento del silvopastoreo, considerado un aliado natural del territorio para reducir combustible vegetal.

Impacto económico en los pueblos

Estas líneas buscan generar empleo y actividad en zonas rurales, contribuyendo a combatir la despoblación, un factor que agrava la vulnerabilidad del territorio y dificulta la gestión forestal. Entre las novedades se encuentra la creación de una Red de Espacios Forestales de Extremadura, diversas mesas sectoriales, un archivo histórico de vías pecuarias y un catálogo de flora y hongos de valor económico, además de un convenio laboral específico para el sector forestal.

La vigencia mínima del plan será de 10 años, con evaluaciones cada cinco y revisiones cada década. Su duración podrá extenderse de forma indefinida para garantizar una adaptación continua a la evolución climática y territorial. «Tiene un objetivo doble: proteger nuestros montes del fuego y aprovechar su potencial económico», resumió Manzano. Porque solo unos montes gestionados, vivos y con actividad pueden reducir de verdad el riesgo de las llamas.