La comisión parlamentaria del covid alargará sus trabajos más allá de marzo

La comisión de investigación del Parlamento sobre los casos Mascarillas y Koldo tiene visos de prolongar su actividad más allá del 31 de marzo, fecha en la que finaliza la nueva prórroga concedida por la Mesa de la Cámara para aprobar el dictamen final. Los trabajos de la ponencia se reanudaron ayer a puerta cerrada con el fin de recabar y debatir las propuestas de los grupos políticos, labor que, según algunos diputados de la comisión consultados, no finalizará antes de acabar la prórroga porque después queda el trabajo de someter el dictamen a enmiendas a la totalidad y parciales y, posteriormente, elevarlo al pleno de la Cámara para su aprobación final. La polémica que rodea a esta comisión puede suponer que se prolongue dos años desde su constitución, en mayo de 2024, cerca de la finalización del periodo de sesiones antes del verano.

El periodo que finaliza el 31 de marzo es la cuarta prórroga que se solicita por parte de la presidencia de la comisión, ya que la anterior finalizó en diciembre. La conocida comisión mascarillas se constituyó el 20 de mayo de 2024 en el Parlamento a propuesta del Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria), el Partido Popular (PP) y Vox. Y, en principio, el plan de trabajo inicial preveía que en un plazo de seis meses se tuviera un dictamen. Esto no fue posible y se amplió otros cuatro meses, hasta un máximo de 10. Sin embargo, tampoco se ha podido cumplir con este cronograma. Un año y cuatro meses después se decidió volver a ampliar el plazo hasta diciembre y en ese mes se aprobó la actual prórroga hasta el 31 de marzo.

Responsabilidades políticas

Más de 70 personas han desfilado ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud (SCS)del material sanitario para hacer frente a los efectos del covid-19. Entre ellos los más mediáticos fueron el ministro y expresidente Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

La polémica ha rodeado esta comisión desde que se constituyó debido a los asuntos que investiga y que ponen el foco en la etapa del ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente del Gobierno canario y la pandemia del covid provocó compras de material sanitario por la vía de urgencia. La filtración del primer borrador del dictamen provocó un revuelo político y el enfado del PSOE, ya que en el mismo se apuntaba a la responsabilidad política del expresidente del Ejecutivo regional y de los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo. Por este motivo los socialistas llegaron a pedir la dimisión del presidente de la comisión, Raúl Acosta. Con posterioridad el PP quiso reactivar la comisión en diciembre para solicitar una nueva comparecencia de Torres en la misma, pero en esta ocasión CC se abstuvo y fue rechazada la petición de los populares ya que votaron en contra PSOE, NC y ASG.

Así las cosas la ponencia que elabora el dictamen habilitó el mes de enero para reanudar los trabajos con el fin de acelerar el proceso. Tras el veto a una nueva presencia de Torres, por lo pronto no está previsto que se convoquen a más comparecientes y el trabajo de los diputados se centrará en la ponencia para elaborar el dictamen, tras lo cual se convocará de nuevo a la comisión para tramitar el texto como proposición de ley sujeta a enmiendas totales y parciales como ha sucedido en otras comisiones parlamentarias.

Sin embargo, las dificultades para elaborar un informe que aúne un acuerdo mayoritario supondrán que se tengan que convocar varias sesiones de la ponencia entre los meses de febrero y marzo, una vez que a finales de enero se reciban nuevas propuestas de los grupos para integrarlos en el texto final o desestimarlos en función de las mayorías existentes.

Nueva prórroga

Según diputados de la comisión consultados por este periódico la comisión se suspende hasta que la ponencia elabore el dictamen y el texto esté preparado para ser sometido a un debate similar al de una proposición de ley, que será cuando se active de nuevo la comisión. Se estima que se celebrarán al menos seis ponencias más para tener un texto definitivo, con lo que es muy difícil que el dictamen esté ultimado antes de que finalice la prórroga vigente. Una nueva ampliación del plazo tendrá que ser aprobada por la Mesa del Parlamento como las anteriores.

Entre los grupos políticos que respaldan al Gobierno las posiciones no son las mismas después de que el PP no lograra el respaldo de sus socios para que volviera a citarse al ministro Torres. Algunos grupos consideran que la comisión ya dispone de información suficiente para finalizar el dictamen mientras que otros, caso del PP y Vox, creen que hay que agotar todas las opciones antes de dar por concluida la investigación.

Más allá del enfrentamiento político y las diferencias entre los partidos en función de sus intereses, hay una serie de propuestas que no solo se centran en las responsabilidades políticas sino que se orientan a reforzar los mecanismos de control en situaciones excepcionales. Entre ellas se encuentran la realización de auditorías automáticas en los contratos de emergencia que se realicen, más transparencia en la publicación de las adjudicaciones, la creación de un registro preventivo de empresas solventes o la revisión del marco legal del Estado para acotar la excepcionalidad y reforzar la rendición de cuentas

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