Extremadura perdería 700 millones con la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

La Junta de Extremadura reitera su oposición frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno central y avanza que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para mañana defenderá los criterios de "igualdad y justicia". "Que se cumplan las leyes, las disposiciones que todos hemos jurado cumplir y que son las que está incumpliendo de forma deliberada el señor Pedro Sánchez", ha defendido respecto a las expectativas del cónclave.

Manzano, que califica la propuesta como "un mandato político y no un nuevo modelo de financiación", calcula que Extremadura tendría que recibir 700 millones de euros adicionales si los criterios actuales se aplicaran a los nuevos fondos anunciados. Frente a ello, "cero euros, la nada, la consagración de la desigualdad y un agravio más para nuestra región"", ha lamentado.

Nuevo reparto

La propuesta del Gobierno plantea elevar del 50% al 56,5% los porcentajes de cesión del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas, lo que se traduce en una inyección adicional de casi 21.000 millones a gestionar por los territorios. De esta cantidad, Extremadura y Cantabria son las únicas comunidades que, al presentar una menor capacidad recaudatoría, no obtendrían nada frente a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, que serían las más beneficiadas.

A cambio, el Ministerio de Hacienda plantea elevar el Fondo de Compensación Interterritorial, en el caso de Extremadura con 216 millones de euros, y crea un nuevo fondo, denominado statu quo, para garantizar que ninguna de estas comunidades pierda recursos respecto al sistema actual.

La propuesta incluye asimismo una revisión de los criterios de la población ajsutada, que en el caso de Extremadura sería un 9,1% superior a la población real. Para ponderar mejor el coste de los servicios, se establece un nuevo baremo con hasta 20 tramos de edad, pero factores como dispersión y superficie, que siguen siendo claves para la región, se mantienen en un segundo plano.

Cataluña y Andalucía

A juicio de Manzano, el acuerdo que se plantea se sustenta en "dos premisas: que Cataluña necesita dinero y que Sánchez lo va a pagar con dinero de todos para mantenerse en el poder". En este contexto, ha señalado que Cataluña recibiría 4.700 millones de euros. Andalucía, que en primavera celebrará elecciones autonómicas con María Jesús Montero como candidata del PSOE, saldría aún más beneficiada de ese reparto: 4.800 millones.

Frente a estas cifras, Manzano ha denunciado que de los 20.000 millones de euros que el Gobierno pone "encima de la mesa para corregir el desequilibrio vertical, que no lo corrige", Extremadura no recibiría nada, "cero euros". Ante estos datos, señala, la Junta de Extremadura no permanecerá callada en el CPFF y utilizará "todas las vías" a su alcance para combatir lo que ha calificado como "una aberración jurídica".

Desde 2009

El debate sobre la financiación autonómica se arrastra desde hace más de una década, con un modelo caducado desde 2014 y sin una reforma consensuada entre el Estado y las comunidades. Extremadura ha defendido históricamente un sistema que tenga en cuenta factores como la dispersión, el envejecimiento de la población y la renta, claves para garantizar la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones.

En este contexto, la Junta critica que el Gobierno pretenda compensar la falta de recursos con un fondo que, según Manzano, "no está pensado para financiar servicios públicos esenciales". "Mantener colegios y pagar médicos es lo que nos están quitando a la comunidad autónoma", ha afirmado.

Defensa en el CPFF

La consejera ha subrayado que el CPFF es "el órgano habilitado para negociar" y ha confirmado que Extremadura acudirá para defender los intereses de la comunidad, como ha hecho "desde un primer momento". Con un escenario en el que la región recibiría cero euros adicionales, ha reiterado que la postura será de rechazo total a la propuesta.

Manzano ha ido más allá y ha expresado su deseo de que, en caso de que el acuerdo llegue al Congreso de los Diputados, los parlamentarios socialistas extremeños "voten en contra" por considerar que perjudica a la comunidad autónoma.