La Asamblea de Extremadura fija el 3 de marzo como fecha límite para la investidura de Guardiola

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, iniciará este jueves la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura. El Reglamento de la Cámara concede un mes de plazo para formar gobierno tras la sesión constitutiva del Parlamento y pese al bloqueo de las negociaciones entre el PP y Vox, la Cámara autonómica descarta estudiar cualquier prórroga y confirma que el pleno de investidura se celebrará el 3 de marzo como fecha límite.

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ya confirmó este pasado sábado que el próximo 10 de febrero "habrá candidata" a presidir la Junta de Extremadura y se ha preguntado si el PSOE y Vox harán "pinza" para "impedir la gobernabilidad". Se pronunció así en un cruce de reproches en redes sociales con el portavoz de Vox, Óscar Fernández, que consideró "el enésimo fracaso del PP" que, a estas alturas, no se haya formalizado aún una candidatura a la Presidencia de la Junta.

Ronda de consultas

Una vez constituida la Asamblea de Extremadura, el presidente debe iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la Presidencia de la Junta. El plazo legal para ello es de 15 días hábiles, fecha que se cumplirá el próximo 10 de febrero. El único requisito es que este candidato esté avalado por un cuarto de los diputados de la Cámara (17), de forma que podría ser tanto del PP como del PSOE. Lo habitual es que se proponga al candidato del partido que haya ganado las elecciones o el que, en la ronda de consultas, traslade al presidente de la Mesa que tiene apoyos suficientes para ser investido.

Según ha confirmado este lunes la Asamblea de Extremadura, el periodo de consultas se abrirá el jueves 5 de febrero con la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel; el viernes 6 de febrero será el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, y el lunes se citará a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez. Cerrará la ronda de contactos la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Guardiola, el martes 10 de febrero.

Celebración del pleno

Después, el Reglamento concede otros 15 días para la celebración del pleno, que en el calendario de máximos que se está siguiendo se cumplen el próximo 3 de marzo. Si el candidato que ha presentado a la Cámara su programa de gobierno no logra la mayoría absoluta en una primera votación, esta deberá repetirse 48 horas después. En la segunda votación basta la mayoría simple, de forma que una abstención de Vox, que la formación ya ha descartado, sería suficiente.

Si esta primera convocatoria falla -que a día de hoy parece lo más probable a tenor del bloqueo entre PP y Vox- pueden convocarse tantos intentos como sea necesario con la misma o diferentes candidatos, pero si en un plazo de dos meses desde la celebración del primer pleno de investidura no hay gobierno, la consecuencia es automática: se disuelve la Asamblea y se convocan nuevas elecciones.

Ese plazo de dos meses no es prorrogable, no hay margen legal para ampliarlo, pero sí se podría retrasar estirando el periodo de consultas: el Reglamento no contempla prórrogas expresas para este proceso, pero lo cierto es que tampoco establece consecuencias automáticas si el plazo se agota sin que exista una candidatura viable. La clave está en la interpretación de la norma y para ello, el papel del presidente, unido a su voto de calidad y la mayoría del PP en la Mesa, es determinante: Manuel Naharro podría no proponer a nadie alegando que no hay candidato viable, que no se dan las condiciones o que las consultas no están maduras. Algo que ya está descartado.

El precedente

Lo habitual en la práctica política es no someterse a la investidura hasta no tener los números y, de hecho, no sería la primera vez que una presidencia parlamentaria opta por administrar los tiempos para evitar el fracaso a tenor del desgaste que supone. En la política española existen precedentes, como el bloqueo institucional de 2016 tras las elecciones generales, cuando el entonces jefe del Estado retrasó la propuesta de candidato ante la falta de apoyos suficientes y el ganador de los comicios, Mariano Rajoy, rehusó someterse a la investidura.

El PP, que preside la Asamblea de Extremadura, es quien marca ahora el calendario. Ese control convierte los plazos institucionales en una pieza más de la negociación política, con margen para utilizarlos como elemento de presión sobre la oposición, que tendrá que retratarse si como confirma la Asamblea, hay candidata el 10 de febrero. Todo ello, con el riesgo añadido de asumir el coste de un fracaso que reabra el escenario electoral.