Paca Blanco, la activista contra Almaraz y Valdecañas, deshauciada de una vivienda en Madrid

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha notificado este martes una orden de desahucio contra la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco, de 77 años, que tiene una amplia trayectoria como ecologista en Extremadura y se ha convertido en una figura muy mediática, especialmente por su oposición a la construcción de Marina Isla Valdecañas. La justicia ha actuado a instancias de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que reclama el inmueble público en el que reside desde hace más de una década.

Según ha detallado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la vivienda fue adjudicada inicialmente al hijo de Blanco en régimen de alquiler. La activista se trasladó posteriormente a vivir con él y, tras la marcha de su hijo, ha solicitado de forma reiterada la subrogación del contrato, solicitudes que el consistorio madrileño ha rechazado, informa Efe.

Intentos de regularización

A pesar de que en el último año ha abonado la renta mensual correspondiente al alquiler social, el Ayuntamiento de Madrid no la ha reconocido como inquilina, lo que ha derivado en la apertura del procedimiento judicial de desahucio.

Colectivos ecologistas, organizaciones de vivienda y movimientos sociales han exigido la paralización del lanzamiento y el reconocimiento del derecho de la activista a una "vivienda digna", con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Desde el Sindicato de Inquilinas, sostienen que la falta de vivienda pública y la presión especulativa castigan a las clases populares y acusan a las instituciones de "empujar" a un referente social como Paca Blanco "a la calle o al internamiento en una institución para personas mayores".

Trayectoria marcada por el activismo

Paca Blanco fue una de las fundadoras de Ecologistas en Acción y ha formado parte del Movimiento Ibérico Antinuclear, el Foro Extremeño Antinuclear y la Plataforma Recuperar Valdecañas, además de participar en redes vinculadas a la transición energética y el ecofeminismo.

Durante años estuvo afincada en Extremadura, donde fue coordinadora de Ecologistas en Acción y una de las principales impulsoras de la denuncia contra el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas, construido en un espacio protegido con varias figuras de protección ambiental, entre ellas la Red Natura 2000. En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordenó el derribo del complejo por considerar que no cumplía los requisitos legales, una decisión que fue respaldada posteriormente por diversas sentencias.

En ese mismo periodo, Blanco desarrolló una intensa actividad contra la energía nuclear, especialmente en relación con la central nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres. Desde Ecologistas en Acción Extremadura y la Plataforma Antinuclear Cerrar Almaraz (PACA) impulsó marchas, concentraciones y campañas informativas para reclamar el cierre de los reactores Almaraz I y II.

Blanco abandonó Extremadura en 2011 tras denunciar haber sufrido persecución, amenazas y acoso por su papel en la oposición al proyecto de Valdecañas y por su actividad ecologista, incluido un intento de incendio de la vivienda que había rehabilitado en la localidad cacereña de El Gordo.

Situación personal y económica

Tras dejar Extremadura, se trasladó a Madrid, donde se instaló en la vivienda de la EMVS que había sido adjudicada a su hijo. Desde 2015, según su entorno, espera la regularización de su situación, mientras la administración la considera ocupante sin título habilitante.

Blanco vive con una pensión de alrededor de 600 euros, ha cuidado de familiares dependientes y actualmente cuida de su compañero, enfermo de cáncer. Además, forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ha participado activamente en campañas contra la pobreza energética, defendiendo el acceso a la vivienda y a los suministros básicos como derechos fundamentales.

Respuesta de la EMVS

Fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo han señalado que, por motivos de protección de datos, no pueden facilitar información concreta sobre procedimientos judiciales en curso. No obstante, han recordado que las viviendas municipales son públicas, "un bien de todos los madrileños", y están sujetas a una normativa y un reglamento que la empresa debe cumplir.

Las mismas fuentes han indicado que, con carácter general, la EMVS solo inicia procedimientos judiciales en casos de incumplimientos contractuales, ocupaciones ilegales, cesiones o subarriendos no autorizados o impagos reiterados durante largos periodos, con deudas acumuladas elevadas. En estos supuestos, explican, los servicios jurídicos actúan "para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda, así como el patrimonio municipal".

Respecto a la subrogación, han añadido que solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que resultan de aplicación.