Actividad cinegética
Extremadura pide a Planas plantarse ante Bruselas y frenar el recorte de la caza de la codorniz
La Junta argumenta que la medida europea de limitar las capturas de esta especie carece de la solidez necesaria y podría afectar a la economía local
Un cazador. / EL PERIÓDICO
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco José Ramírez, ha remitido una carta al ministro Luis Planas para reclamar que España se oponga “firmemente” a la propuesta de la Unión Europea de reducir, o incluso suspender temporalmente, las capturas de codorniz común, una medida que considera injustificada y con impacto directo en el medio rural extremeño, pues se trata de una especie emblemática de la caza menor.
La misiva, enviada el pasado miércoles, incluye alegaciones al planteamiento europeo y se acompaña de un informe técnico, según ha informado la Administración autonómica. El asunto se abordará en la próxima reunión del grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre la Directiva Aves, prevista para los días 12 y 13 de febrero, donde figura en el orden del día la posibilidad de prohibir temporalmente o reducir de forma notable la caza de esta especie.
En concreto, la Comisión fundamenta su propuesta en el informe del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), relativo al estado de conservación de la codorniz en el continente. Dicho documento fue analizado el 29 de diciembre en una reunión telemática con directores generales autonómicos con competencias en materia cinegética, entre ellos el extremeño José Antonio Cidoncha.
Argumentos
En su escrito, Ramírez subraya que la caza de la codorniz tiene un valor “estratégico” no solo desde el punto de vista cinegético, sino también por sus implicaciones sociales, económicas y ecológicas. De ahí que considere “imprescindible” trasladar a Bruselas, “de forma clara y decidida”, la conveniencia de mantener una postura firme contra una posible prohibición o recorte.
La Junta cuestiona además la solidez de las conclusiones del informe comunitario para adoptar decisiones de gran calado. “No debe evaluarse el suroeste europeo con parámetros reproductivos extrapolados de latitudes septentrionales”, sostiene el consejero, que insiste en la necesidad de integrar datos nacionales y regionales antes de avanzar en medidas restrictivas.
Ramírez advierte también del impacto socioeconómico que, a su juicio, tendría limitar las capturas: afectaría a economías locales en un medio rural “particularmente castigado por la despoblación”, implicaría pérdida o reducción de empleo directo e indirecto y podría frenar la inversión privada destinada a la gestión y mejora de hábitats naturales. Por todo ello, pide al Gobierno que defienda un enfoque basado en el “rigor técnico y científico”, la proporcionalidad de las medidas y el respeto a los principios de buena gobernanza.
