Alcaldes del entorno de Almaraz trasladan a Pedro Sánchez su “desconcierto” por la “escasa receptividad” del Gobierno a las peticiones de prórroga

Quince alcaldes del entorno de la Central de Almaraz, pertenecientes a tres formaciones políticas (PP, PSOE y Levanta), han firmado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le trasladan su “desconcierto ante la escasa receptividad" que el Ejecutivo "ha mostrado hasta ahora” respecto a la continuidad de la instalación nuclear. La mayor parte de ellos tienen previsto acudir este martes a Madrid para entregar en persona la misiva en el Palacio de La Moncloa.

Son Desiderio Riaño, alcalde de Casatejada (PP); Eugenio Trebejo, de Toril (PSOE); Aniceto González Sánchez, de Majadas (Levanta); Juan Antonio Díaz, de Almaraz (PSOE); Fernando Sánchez, de Belvís de Monroy y Casas de Belvís (Levanta); Faustino Herrero, de Valdecañas (PP); Roberto Baños, de Talayuela (PP); Iñaki Campo, de Saucedilla (Levanta); Enrique Hueso, de Navalmoral de la Mata (PP); Pedro Javier Gutiérrez, de El Gordo (PP); Ahitana Gómez Ballesteros, de Millanes (PP); Dionisio Cordero, de Higuera de Albalat (PSOE); Nélida Martín, de Serrejón (PP); Evaristo Blázquez, de Romangordo (PSOE); y Roberto Muñoz Martín, de Mesas de Ibor (PSOE).

“Los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Campo Arañuelo, pertenecientes a distintas sensibilidades políticas pero unidos por una misma responsabilidad institucional, nos dirigimos a usted para trasladarle una preocupación compartida: la central nuclear de Almaraz no puede cerrar”, se expone al inicio de la carta.

"Lealtad institucional"

En ella se incide en el apoyo claro y mayoritario con el que cuenta la continuidad de la central entre la población del Campo Arañuelo, y también en la obligación que tienen estos responsables municipales “de defender el presente y el futuro” de esta comarca. Por este motivo, y partiendo de una posición de “lealtad institucional”, estos alcaldes lamentan que “hasta en cinco ocasiones, por escrito”, hayan solicitado ser recibidos por miembros de su Gobierno —la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ministro de Economía y la ministra de Trabajo y Economía Social— sin haber obtenido respuesta. “Esta falta de interlocución refuerza en el territorio la sensación de que no todos los territorios reciben la misma atención, aun cuando las consecuencias de determinadas decisiones pueden resultar especialmente graves y difíciles de revertir”, se arguye.

La Central de Almaraz, resalta el texto, fija población, crea actividad para empresas auxiliares, mantiene los servicios públicos y permite a estos pueblos “mirar al futuro con una mínima certidumbre”. Eso en un territorio que, se aduce, está especialmente expuesto a la despoblación, por lo que prescindir “de este activo” se traduciría en un impacto negativo de “enorme magnitud, con efectos sociales y económicos duraderos”.

Instalación segura

Igualmente, se califica de “hecho incuestionable” el cumplimiento de los estándares de seguridad que ha cumplido hasta la fecha la central, supervisados de forma “constante” por los organismos reguladores.

En esta línea, y “en relación con sus recientes declaraciones públicas, en las que ha reiterado la voluntad del Gobierno de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares”, los alcaldes remarcan que Almaraz “cumple de forma objetiva las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como criterio previo para autorizar una prórroga”: las garantías de seguridad exigidas; que contribuye de manera decisiva a la seguridad energética y al equilibrio territorial; y que sus titulares han manifestado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin trasladar costes ni a los ciudadanos ni a la Administración General del Estado.

"Difícil de comprender"

Una circunstancia que hace que resulte “difícil de comprender que, aun dándose todas las condiciones exigidas, se mantenga una posición previa de cierre que parece ajena al análisis riguroso y al principio de neutralidad que debería presidir este proceso”. Eso lleva a que la preocupación de estos alcaldes no se limite únicamente a una eventual prórroga de la vida útil de la central, que consideran “plenamente justificada”, sino a que la decisión en torno a su “cierre se mantenga como un marco inamovible, con independencia de lo que dictaminen el Consejo de Seguridad Nuclear, la realidad social y económica del territorio o el consenso existente entre trabajadores, empresas y administraciones locales”.

Lo que se pide, se defiende, “no es una excepción ni un trato de favor, sino coherencia institucional, diálogo leal y una reconsideración basada en hechos, no en decisiones adoptadas en un contexto muy distinto al actual”. La carta concluye mostrando la confianza de los firmantes en “que el Gobierno de España actúe con visión de Estado y escuche de una vez a un territorio que se expresa de forma unánime, más allá de siglas y diferencias ideológicas. El tiempo se acaba, y estamos convencidos de que aún es posible adoptar una decisión responsable, justa y acorde con el interés general”.