Más de 160.000 menores extremeños podrían recibir 2.400 euros al año por la nueva ayuda a la crianza

Extremadura cuenta actualmente con 162.152 menores de 18 años, según el INE, que podrían convertirse en beneficiarios de la nueva prestación universal por crianza anunciada por el Gobierno. La ayuda alcanzaría hasta 200 euros mensuales por hijo (2.400 euros al año) y se plantea como una herramienta para combatir la pobreza infantil.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un documento que fija las prioridades sociales y económicas del Ejecutivo e incorpora por primera vez esta prestación. No obstante, la medida no tiene todavía fecha concreta de aprobación y deberá desarrollarse normativamente e incluirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado antes de su entrada en vigor.

Sin calendario definido

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enmarcado la iniciativa dentro de un conjunto de cien metas orientadas a reforzar el Estado del bienestar y reducir desigualdades. La propuesta contempla que puedan solicitarla todas las familias con hijos menores de edad a su cargo, incluidas las monoparentales.

La pobreza infantil en Extremadura se reduciría un 9% con la implantación de la prestación universal por crianza (PUC), según un informe publicado por Unicef. De esta forma, Extremadura sería una de las comunidades más beneficiadas con la medida propuesta, la cual, a nivel nacional, supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

El ministro Pablo Bustinduy ha manifestado su intención de que la prestación "vea la luz cuanto antes" y ha defendido que su impacto sería inmediato en los hogares con mayores dificultades económicas. Sin embargo, por ahora no se han detallado los plazos de tramitación ni la dotación presupuestaria necesaria.

Impacto previsto

El Ejecutivo sostiene que esta ayuda contribuiría a reducir de forma notable la pobreza infantil y la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), con especial atención a los hogares monoparentales, que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

En el caso de Extremadura, donde los niveles de renta se sitúan tradicionalmente por debajo de la media nacional, la implantación de la prestación supondría un refuerzo económico para miles de familias, a la espera de que el Gobierno concrete su diseño definitivo y garantice su financiación.

Triplicar la inversión pública en vivienda

Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda y para ello se quiere triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030.

Se planeta también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, añaden las mismas fuentes, es fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.

La estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, señala además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes para reducir su edad de emancipación.

Entre las 100 metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55 % respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

Mayor independencia energética y más energías renovables

Con esta estrategia, el Gobierno también apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero en un 32%, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos extremos climáticos.

Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos: un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad; un sistema económico circular que genere bienestar y justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública.

El documento reafirma además el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.