Extremadura estalla en la CARUE: “Simplificación, sí; centralización, no” ante el nuevo presupuesto europeo

La Junta de Extremadura ha trasladado este miércoles en el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) su “profundo malestar” por la falta de convocatorias de este órgano desde 2022, pese a que su normativa establece al menos una reunión anual. El encuentro, convocado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha servido para que el Ejecutivo autonómico reclame reactivar un foro que considera clave para la coordinación institucional en materia europea.

El director general de Acción Exterior de la Junta, Pablo Hurtado, ha advertido de que la inactividad de la CARUE “no es una cuestión meramente formal”, sino que “debilita el principio de cooperación institucional” que debe regir las relaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La CARUE es el principal espacio de participación de las autonomías en los asuntos de la Unión Europea, y Extremadura sostiene que su convocatoria periódica resulta aún más necesaria en el actual contexto.

En el centro del debate está el futuro presupuesto de la Unión Europea, el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, cuya propuesta fue presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio. La Junta ha expresado su preocupación por que, a día de hoy, las comunidades autónomas no cuenten con “información formal y suficiente” sobre la posición que defiende el Gobierno de España ante este diseño presupuestario.

“Por lealtad y por eficacia"

“Por lealtad y por eficacia, las comunidades autónomas deberíamos haber sido informadas y escuchadas con la debida antelación”, ha subrayado Hurtado, recordando que son las administraciones autonómicas las que ejecutan una parte sustancial de los fondos europeos sobre el terreno. A juicio del Gobierno regional, esa ejecución cercana es la que garantiza que los recursos lleguen al tejido productivo, a los municipios y a la ciudadanía, ajustándose a las necesidades reales del territorio.

La Junta también ha mostrado inquietud por la arquitectura planteada por la Comisión Europea, que —según ha expuesto— concentra en los Estados miembros una mayor capacidad de decisión sobre la asignación y gestión de los fondos, reduciendo el papel de las regiones. Extremadura interpreta esta orientación como una recentralización que no comparte y que, en la práctica, podría limitar la gobernanza multinivel, uno de los pilares del proyecto europeo.

Preguntas al Gobierno

En este escenario, la Junta ha planteado dos preguntas directas al Gobierno de España: cuál es su posición ante la nueva arquitectura presupuestaria propuesta y qué mecanismos piensa activar para garantizar la equidad y la participación efectiva de todas las comunidades autónomas en la toma de decisiones sobre un presupuesto que debe orientarse al desarrollo equilibrado del territorio.

El Ejecutivo extremeño se ha mostrado partidario de simplificar los procedimientos administrativos ligados a los fondos europeos, pero ha advertido de que esa simplificación no puede utilizarse para “debilitar” el papel de las regiones. “Simplificación, sí; centralización, no”, ha sido el mensaje trasladado por el director general de Acción Exterior.

Además, Extremadura ha reclamado que el Estado defienda en las negociaciones europeas una Política Agraria Común (PAC) diferenciada y suficientemente financiada, que atienda a las singularidades del sector agrario extremeño y contribuya a la sostenibilidad económica, social y territorial del medio rural. La Junta considera imprescindible que la futura PAC cuente con recursos adecuados y preserve su carácter propio dentro del presupuesto europeo por su relevancia estratégica en regiones con un fuerte peso del sector primario.