Plataformas extremeñas se unen a un movimiento nacional contra las privatizaciones y la falta de recursos en la sanidad pública

Siete plataformas ciudadanas y asociaciones extremeñas se han sumado ya a un movimiento nacional por la sanidad pública. "Nos unimos para frenar el colapso sanitario que sufre todo el país, acabar con las privatizaciones en la red pública sanitaria y exigir los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía", destacan en un comunicado.

Los colectivos firmantes de ese comunicado son medio centenar de distintas partes del país, entre ellos siete de la comunidad extremeña: Extremadura por la Sanidad Pública, la Asociación Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montijo, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona de Salud de Miajadas, la Plataforma Ciudadana Valle del Jerte por la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas, la Asociación 25 de Marzo y la Plataforma No a la Mina de Cañaveral.

Para lograr esos objetivos, están pidiendo la derogación de la Ley 15/1995, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, "que permite las concesiones público-privadas, modelo que está convirtiendo el derecho a la salud en un negocio".

Además, solicitan la derogación también de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, que abre la puerta a los conciertos singulares, y también de la Ley de Contratos del Sector Público, "que permite el abuso absoluto de la figura del contrato menor para favorecer siempre a las mismas empresas privadas, evitando el concurso público y, por lo tanto, dando pie a un despilfarro de recursos inasumible para el SNS".

"También reivindicamos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el cual se pasó de un sistema de cobertura universal basado en la ciudadanía a un sistema de cobertura excluyente basado en la condición de asegurado bajo algunos requisitos y, por lo tanto, la exclusión de ciertos colectivos del sistema sanitario público español, empezando por las personas inmigrantes y emigrantes".

Las plataformas denuncian que el objetivo de todos estos procesos privatizadores y excluyentes es "infrafinanciar la sanidad pública, para instalar en el imaginario de la ciudadanía que es ineficiente y lenta, con el objetivo de trasvasar pacientes y dinero del sistema sanitario público hacia el sistema sanitario privado, donde solo ganan las empresas privadas que gestionan lo público". Este, aseguran, es el modelo imperante en todas las comunidades autónomas del país: "desmantelar la red sanitaria pública en beneficio de los intereses económicos de empresas privadas".

"Deterioro intencionado" de la Atención Primaria, el primer nivel de la atención sanitaria

Por todo ello, reclaman la inversión necesaria en Atención Primaria, "nunca inferior al 25% del presupuesto sanitario total", y denuncian el "deterioro intencionado" de este primer nivel de atención sanitaria para favorecer la descomposición de la sanidad pública en España, lo que supone la puerta de entrada de la privatización.

Asimismo, apuntan que la administración utiliza la Inteligencia Artificial y los 'call center' como instrumentos "para automatizar y acelerar las derivaciones hacia la sanidad privada".

Y con todas esta razones, el medio centenar de plataformas y asociaciones procedentes de casi todas las comunidades de España se están reuniendo en asambleas para definir las acciones y movilizaciones futuras que llevarán a cabo de manera coordinada en Extremadura, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Euskadi, Canarias, Castilla y León y Castilla La Mancha; y esperan que el resto de autonomías se vayan uniendo a su llamamiento.

Por último, desde estas plataformas, colectivos y asociaciones por la defensa de la sanidad pública insiste en que "cuando la salud pasa a ser un negocio, deja de ser un derecho para la ciudadanía, porque se convierte en un coste, y por esto defendemos la sanidad pública gobierne quien gobierne".