El alquiler asfixia en Extremadura: el 37% está en riesgo de pobreza y la vivienda en venta sube un 20%

Alrededor de 200.000 personas se encuentran en situación de exclusión social en la región. El dato, recogido en el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, refleja un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y donde las brechas vinculadas al acceso a derechos básicos —vivienda, empleo y salud— no solo persisten, sino que se cronifican.

El informe, presentado este viernes por Cáritas Regional y la Fundación FOESSA, sitúa la vivienda en el epicentro de la exclusión. Es la dimensión más extendida y la que más se ha deteriorado en los últimos años. El 22% de la población extremeña —casi una de cada cuatro personas— está afectada por problemas relacionados con la vivienda, según ha explicado Marina Sánchez-Sierra, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA y del equipo de Estudios de Cáritas Española.

La vivienda, el núcleo del problema

No se trata solo de dificultad para comprar. Una de cada diez personas convive con inseguridad residencial: riesgo de pérdida del hogar, convivencia forzada o graves problemas de habitabilidad. Y esta realidad no ha mejorado en seis años.

Entre 2018 y 2024, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 20% en Extremadura. Aunque el mercado regional no alcanza las cifras de otras comunidades, el impacto proporcional sobre las rentas más bajas es severo. El informe cuantifica que 34.000 hogares destinan tal volumen de recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez afrontados esos gastos, quedan por debajo del umbral de pobreza severa. Es decir, la vivienda no solo refleja la desigualdad, sino que la genera.

En el alquiler la presión es aún mayor. El 37% de las personas que viven arrendadas en la región se encuentra en riesgo de pobreza.

Empleo: integración parcial

Pese a la mejora del empleo durante los seis últimos años, el informe advierte de que la región tiene todavía las tasas de desempleo más elevadas del país. Ha aumentado el número de personas ocupadas y se ha reducido de forma notable la temporalidad. "Ambas tendencias han funcionado como elementos integradores para una parte de la población", esclarece el estudio.

Sin embargo, el trabajo ya no es garantía automática de inclusión. "Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la rueda de la exclusión", ha subrayado Sánchez-Sierra.

El 17% de los hogares extremeños sufre problemas de exclusión vinculados al empleo: inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria o desempleo. A ello se suma un factor estructural: Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor paro femenino. Además, el sector primario ha perdido 12.800 trabajadores en los últimos seis años.

Salud que se refleja en desigualdad social

El 17% de la población extremeña —más de 184.000 personas— presenta problemas vinculados a la dimensión de la salud. En más del 10% de los hogares, las dificultades económicas impiden acceder a servicios o productos sanitarios necesarios, "viéndose obligados a dejar tratamientos o dietas por no poder asumir los costes".

La brecha es especialmente marcada en la salud mental. El 14,4% de la población declara tener mala o muy mala salud mental. Entre las personas en exclusión severa, la prevalencia de trastornos mentales asciende al 15%, frente al 2% entre quienes están plenamente integrados.

Desde 2018 se ha triplicado, además, el número de hogares en los que alguien pasa hambre. El informe advierte de que la salud se ha convertido en uno de los indicadores más claros de desigualdad social en Extremadura.

La exclusión golpea a la infancia

La fractura también tiene rostro generacional. La tasa de exclusión entre menores de 18 años alcanza el 30%, triplicando la de las personas mayores de 65 años (9%).

En hogares con dos o más menores, la tasa asciende al 34%, frente al 15% en los hogares compuestos solo por adultos. El informe alerta de que la transición a la vida adulta está marcada por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido. El resultado son emancipaciones tardías o inviables y proyectos vitales aplazados. Se configura así una "transición bloqueada", en la que la juventud deja de ser una etapa de construcción para convertirse en un periodo prolongado de vulnerabilidad social.

Un informe con base empírica amplia

Durante la presentación del informe, el director de Cáritas Regional de Extremadura, José Luis Espinosa, ha advertido de que "estamos construyendo una sociedad desigual en la que la exclusión social se consolida como elemento estructural", con "graves brechas sociales" en las que la vivienda o el empleo aparecen como ejes articuladores de los procesos de exclusión.

El IX Informe FOESSA es el resultado del trabajo de cerca de 500 personas: 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas.

En Extremadura se ha entrevistado a una muestra representativa de hogares, dedicando más de una hora en cada caso a conocer en profundidad sus condiciones de vida.