Extremadura excluye tierras de cultivo y dehesas del mapa prioritario para plantas fotovoltaicas

La Junta de Extremadura ha elaborado un nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de parques fotovoltaicos en la región, una herramienta con la que pretende ordenar el crecimiento de los nuevos proyectos y evitar que la expansión de las plantas solares compita con los suelos agrícolas de mayor valor productivo.

La resolución, publicada esta semana en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), busca que los grandes parques se concentren en áreas clasificadas como de 'Alta' o 'Muy Alta' capacidad de acogida, de las que se han excluido el suelo más fértil, las explotaciones agrarias de mayor productividad, las dehesas y las zonas ambientalmente sensibles.

El objetivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible es minimizar el impacto de las plantas fotovoltaicas sobre el territorio y la economía rural, pero los ecologistas advierten que esta nueva normativa puede favorecer la concentración masiva de proyectos porque, aunque introduce límites agrarios, no fija techos territoriales ni criterios de saturación por comarcas o municipios.

Más allá del impacto ambiental

Hasta ahora, los mapas de capacidad de acogida se basaban en factores ambientales como la pendiente del terreno, la hidrología, la presencia de espacios protegidos, la Red Natura 2000, la flora y fauna amenazadas o la proximidad a infraestructuras de evacuación eléctrica.

Con la actualización, la Administración autonómica incorpora también la productividad agrícola de los suelos y su impacto socioeconómico: es decir, no solo se valora el impacto ambiental, sino que por primera vez, también el impacto sobre la economía rural.

El cambio normativo se enmarca en la nueva Directiva europea de Energías Renovables, que fija objetivos más ambiciosos para 2030 (al menos un 42,5% de renovables en el consumo final de energía, con aspiración al 45%). La Junta defiende que aunque la energía solar ha experimentado un crecimiento "rápido y robusto" en Extremadura gracias al elevado recurso solar, el suelo es un recurso finito y requiere planificación para minimizar efectos sobre el tejido productivo agrario, ya que las plantas solares ocupan grandes superficies y tradicionalmente han 'competido' con cutivos como olivar, viñedo, frutales o tierras fértiles y dehesas.

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Seguridad jurídica y planificación

La resolución tiene un doble propósito: ofrecer mayor seguridad jurídica a promotores y operadores interesados en impulsar nuevos proyectos, y facilitar la labor de las administraciones y técnicos encargados de su evaluación.

La catalogación de un terreno como zona prioritaria no exime a los promotores de cumplir con la evaluación ambiental ni con el resto de autorizaciones sectoriales exigidas por la normativa vigente, aunque la ubicación en áreas preferentes sí podría agilizar la tramitación "de forma importante".

"El objetivo es compatibilizar el despliegue de la energía solar fotovoltaica con la defensa de los cultivos de mayor potencial socioeconómico, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural extremeño, ofreciendo mayor seguridad jurídica a promotores, administraciones y resto de agentes implicados", reitera el departamento que dirige en funciones Mercedes Morán.

Críticas ecologistas

Ecologistas en Acción de Extremadura ha cuestionado el alcance real del nuevo mapa y considera que presenta "una amplia bolsa de disponibilidad para el negocio energético, sin límites claros ni evaluación estratégica del conjunto". A su juicio, aunque la resolución subraya que la clasificación por zonas prioritarias no exime de los trámites ambientales, reconoce expresamente que situarse en estas áreas facilitará su tramitación, lo que introduce "un sesgo administrativo que orienta decisiones públicas".

La organización advierte de que el instrumento no fija techos por comarca o municipio, no establece densidades máximas ni umbrales de saturación paisajística o ecológica, ni criterios de dispersión territorial. "Zonificación sin límites significa riesgo de concentración masiva y efectos acumulativos incontrolados", advierte.

Una región "alicatada"

Para el colectivo, el problema no es una planta aislada, sino la suma de instalaciones, que puede derivar en fragmentación de hábitats, nuevas redes de evacuación y subestaciones, pérdida de conectividad ecológica o presión sobre dehesas y mosaicos agrarios, además de la sustitución de usos que fijan población como la agricultura ecológica o la ganadería extensiva.

Ecologistas en Acción defiende la transición energética, pero reclama que se articule con una "jerarquía clara y vinculante", priorizando cubiertas, aparcamientos, polígonos e infraestructuras ya artificializadas o suelos degradados antes que el suelo rústico a gran escala. Asimismo, ha solicitado formalmente a la Consejería la memoria técnica completa, la metodología empleada y un análisis del impacto acumulativo, al considerar necesaria una evaluación ambiental estratégica del conjunto.