Extremadura es la región con menos peticiones de eutanasia de España

Ocho extremeños solicitaron la ayuda para morir a lo largo de 2024: cuatro de ellos obtuvieron la prestación, dos solicitudes fueron rechazadas y otros dos solicitantes fallecieron durante la tramitación, el 25% del total. Prácticamente, uno de cada cuatro solicitantes de esta prestación en Extremadura acaba falleciendo sin tener una respuesta a su solicitud o durante el procedimiento tras haber tenido respuesta, un dato algo inferior a la media estatal, que se situó el año pasado en el 33%, casi uno de cada tres interesados.

Desde que en 2021 el Congreso de los Diputados aprobara la ley de regulación de la eutanasia, el Ministerio de Sanidad emite un informe anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir, que recoge la evolución del derecho a la eutanasia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se ha realizado en el país. Así, la cartera que dirige Mónica García señala que en 2024 se culminaron en España 929 procesos de eutanasias, de los cuales solo 426 terminaron en la aplicación de la muerte asistida.

Desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado en España un total de 2.444 solicitudes de prestación para ayudar a morir, siendo este último año el que ha tenido un mayor interés por la aplicación de esta normativa.

22 solicitudes desde 2021

En el caso de Extremadura, desde la entrada en vigor de la ley estatal se han registrado en la comunidad 22 peticiones de eutanasia con una distribución muy dispar: en el primer año solo fue una solicitud, en 2022 se registraron once solicitudes (la cifra más elevada hasta la fecha), en 2023 fueron dos peticiones y en el último año, con datos cerrados, hubo ocho.

Fijándonos solo en 2024, con los ocho procesos iniciados ese año, Extremadura es la comunidad con menos solicitudes de aplicación de la eutanasia. Solo está superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin solicitudes la primera y con solo una la segunda. A Extremadura le sigue muy de cerca, no obstante, La Rioja y Murcia con 9 procesos iniciados ese año en cada comunidad. A la cabeza destaca Cataluña con 303, el doble que la segunda comunidad con más peticiones, que es Madrid con 129.

A nivel nacional, durante 2024 se finalizaron 929 procesos, incluyendo 803 solicitudes presentadas y resueltas ese año, además de 126 iniciadas en años anteriores. Del total de procesos finalizados en 2024, desglosa el Ministerio, 426 fueron prestaciones efectivas de ayuda a morir (45,86%); 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%); 141 denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%) y 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%).

Perfil: Mayores de 60 años

En cuanto al perfil del solicitante, por edad, la mayoría de los procesos finalizados (75,89%) correspondieron a pacientes mayores de 60 años. El tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77%) y las enfermedades de base más comunes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22% de los casos.

Si bien los plazos establecidos por la ley reducen los tiempos a entre 30 y 40 días desde la presentación de la solicitud hasta que esta quede resuelta, en la práctica estos han estado mucho más dilatados. De esta forma, el plazo medio entre la solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de 52,97 días, además, desde la primera petición hasta que la eutanasia se hace efectiva, el tiempo de espera fue de 82,65 días. Asimismo, en el 12,59% de los casos el médico responsable estimó oportuno reducir el plazo ante el riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante.

«Pensamos que gran parte de las solicitudes van a la papelera»

Admite que todavía hay desafíos porque es una ley nueva, pero le llama poderosamente la atención las diferencias en las solicitudes de eutanasia que hay entre las diferentes comunidades en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, según apunta Fernando Marín, vicepresidente federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Y la comunidad con menos solicitudes es precisamente Extremadura. ¿Por qué? «No podemos demostrarlo porque no tenemos datos, que es uno de los problemas que existen porque aún son escasos, pero nosotros pensamos que gran parte de las solicitudes de Extremadura van a la papelera, se quedan en la consulta del médico que lo recibe y no se tramita», denuncia. El portavoz del colectivo insiste en que las diferencias entre comunidades son «asombrosas», por ello considera que «Extremadura tengan un 0,4 eutanasias por cada mil fallecimientos en comparación con los datos de Navarra, Euskadi o Cataluña, que tienen siete veces más, requeriría al menos una explicación, porque no se trata de una cuestión sociocultural, no somos tan diferentes entre las comunidades para eso», señala. A su juicio, esas diferencias tienen más que ver con la propia comunidad, en este caso la extremeña, que asegura que «no ha hecho casi nada para que la ley funcione».

Menos recursos en Extremadura

En este sentido, señala que otras comunidades como Cataluña o Madrid, a la cabeza en solicitudes, cuentan con recursos para la aplicación de esta ley que Extremadura no tiene: una oficina o unidad específica de eutanasia con un equipo de profesionales que hacen un seguimiento de cada solicitud, profesionales referentes en esta área que asesoran a los médicos ante un caso. «Una solicitud de eutanasia siempre va a ser algo poco frecuente y por eso es necesario recordarlo y tener profesionales a los que acudir», apunta.

Otro hándicap es el registro de médicos objetores, muchos de ellos principalmente en zonas rurales por la falta de reconocimiento de la administración. «Es necesario liberar agendas para el equipo sanitario después de una eutanasia, más formación y apoyo al esfuerzo realizado», apunta.

Más allá de las diferencias entre las comunidades, Marín admite que la tasa de eutanasias es más baja de lo esperado en todo el territorio nacional, pero apunta a que la ley todavía es muy reciente, que los plazos de tramitación son «excesivamente largos» y que en torno al 25% - 30% de los solicitantes fallecen esperando el ‘ok’. Aun así, explica que la propia ley recoge una salvedad para agilizar los casos en que el fallecimiento esté próximo.

Por todo ello, Marín subraya que hay retos pendientes: que el ministerio dedique más tiempo al tema, le dé más prioridad y tenga más liderazgo, y también que las comunidades autónomas le den un impulso con unidades administrativas, sistemas de referente, apoyo a los profesionales y reconocimiento al esfuerzo. Por último, también considera necesaria una mayor difusión. «No se trata de que haya cuantas más mejor, sino que realmente de que todo aquel que lo pida se le reconozca ese derecho sin tantas trabas como hasta ahora».