Tribunales
Declaran improcedente el cese de una trabajadora que había consolidado plaza en la Junta
El Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres reconoce el derecho a readmisión o a una indemnización de 43.961 euros en una sentencia que no es firme

Aspirantes durante una oposición. / EL PERIÓDICO

El Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres ha declarado improcedente el despido de una trabajadora indefinida no fija que había obtenido plaza en un proceso de estabilización en la Junta de Extremadura, reconociéndole el derecho a optar entre la readmisión con salarios de tramitación o el abono de una indemnización de 43.961,96 euros.
La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera que la cobertura reglamentaria de una plaza de régimen funcionarial no justifica por sí misma la extinción de la relación laboral.
Según ha informado en nota de prensa la organización sindical USO, se trata de la primera resolución en Extremadura que declara improcedente el cese de una trabajadora que, tras superar un proceso de estabilización, consolidó su plaza en la propia Administración.
Argumentos del juzgado
La Administración entendió que la cobertura reglamentaria de una plaza funcionarial justificaba la extinción del contrato laboral. Sin embargo, el juzgado rechaza esta interpretación y recuerda que la cobertura de una plaza funcionarial no equivale automáticamente a la amortización de una plaza laboral ni constituye causa válida de despido conforme al Estatuto de los Trabajadores.
En consecuencia, el órgano judicial declara improcedente el despido y condena a la Junta de Extremadura al pago de la citada indemnización, sin perjuicio del derecho de la trabajadora a optar por la readmisión.
Valoración sindical
Desde USO se ha valorado este pronunciamiento como un éxito de su Asesoría Jurídica y como un mensaje de seguridad para el personal laboral de la Administración autonómica. La organización ha defendido que la resolución tiene relevancia jurídica y supone, en su opinión, un respaldo a quienes han consolidado su plaza tras procesos de estabilización.
El sindicato ha asegurado que continuará defendiendo los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito público y privado.
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