Extremadura moderniza la atención ciudadana: adiós al libro de quejas y se abre la vía WhastApp

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un nuevo decreto que regula la atención a la ciudadanía, la información administrativa y la participación ciudadana en la Administración autonómica.

La norma actualiza y unifica la regulación acumulada durante los últimos 25 años, hasta ahora dispersa y, en parte, desfasada, para adaptarla a la realidad actual de la relación entre la ciudadanía y la Administración. En un mismo texto se recopilan los derechos de participación ya reconocidos en distintas disposiciones y se concretan los procedimientos para ejercerlos, ajustándolos a los canales más habituales.

Entre las principales novedades figura un nuevo sistema para presentar quejas y sugerencias en cualquier dependencia de la Junta que preste servicios, que elimina el tradicional libro de quejas. A partir de ahora, se podrá realizar el trámite a través de la Oficina de Asistencia Virtual: teléfono gratuito 900 222 012, WhatsApp 679 129 012 y el correo electrónico quejas@juntaex.es.

Un mínimo de 2.000 firmas para proponer iniciativas reglamentarias

El decreto regula además, por primera vez, el procedimiento para ejercer el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, recogido en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, pero sin desarrollo hasta la fecha. Para iniciar el proceso será necesario presentar una propuesta normativa junto a una memoria justificativa y reunir un mínimo de 2.000 firmas. La iniciativa se dirigirá al órgano competente en participación ciudadana, que verificará los requisitos y la remitirá a la consejería correspondiente, que decidirá sobre su tramitación y comunicará la resolución a las personas promotoras.

La norma contempla también la posibilidad de crear Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o puntos de registro temporales cuando concurran circunstancias excepcionales o aumente la demanda. Asimismo, amplía las vías para que la ciudadanía participe en la evaluación de políticas públicas y en la calidad de los servicios, con el objetivo de recabar de forma más directa la opinión sobre la actuación de la Administración.

Según la Junta, el decreto avanza hacia una administración “más moderna”, orientada a una atención más ágil, al acceso a la información y a reforzar la transparencia y la participación ciudadana.