El camino a la investidura
PP y Vox retoman los contactos en Extremadura con una nueva reunión a la que asistirá Miguel Tellado
En el encuentro se abordarán medidas concretas y su posible dotación presupuestaria

PP y Vox retoman los contactos en Extremadura con una nueva reunión a la que asistirá Miguel Tellado / A. M. ROMASANTA
El PP y Vox han retomado los contactos en Extremadura con una nueva reunión presencial en la que intentarán reconducir la situación de bloqueo a menos de una semana de que María Guardiola se someta a una investidura con resultado incierto. En el encuentro, que se celebrará este jueves en Mérida, participará el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que Génova anunciara el lunes su implicación en las negociaciones autonómicas.
Tellado, número 2 de Alberto Núñez Feijóo, ya participó en las conversaciones para formar gobierno en 2023, actuando como mediador para que Guardiola finalmente aceptara el ejecutivo de coalición con la formación de Santiago Abascal. Esta nueva cita se produce después de que ambas formaciones hayan reconocido la necesidad de seguir dialogando para explorar un posible acuerdo que permita tanto la investidura como la estabilidad del próximo gobierno autonómico.
Negociación in extremis
Tras la fase de bloqueo y mensajes cruzados de las últimas semanas, los contactos se retoman en un escenario de presión creciente ante la cercanía de los plazos parlamentarios y la posibilidad de llegar a un desenlace incierto si no prospera la investidura. De hecho, según informa Efe, en Génova por el momento no sienten que Vox tenga prisa por cerrar un acuerdo antes del 3 de marzo y aunque les gustaría que el acuerdo fuera rápido, priorizan que sea un buen pacto a la rapidez
El movimiento se ha producido después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablara el domingo con el líder de Vox, Santiago Abascal, y publicara un documento marco para sentar las bases de la negociación.
Sin embargo, ese decálogo volvió a abrir un nuevo cisma entre ambas formaciones, después de que el propio Santiago Abascal reconociera estar molesto: "Es como si tratasen con salvajes", lamentaba tras acusar al PP de "pretender domar a Vox". Posteriormente, Feijóo ha aclarado que ese documento "no es para Vox", sino de "apoyo" a los líderes territoriales del partido, a los que en ningún momento se va a "tutelar" desde Génova.
Medidas concretas
Tras esa conversación telefónica del pasado domingo, el líder del PP entiende que Vox ha retirado el "requisito" de entrar en los gobiernos autonómicos, una lectura que los populares interpretan como una ventana para formar ejecutivos sin coalición. El hecho de que Vox haya optado públicamente por priorizar las medidas concretas frente al reparto de cargos ha reforzado esa interpretación.
Por el momento, ni el PP ni Vox ofrecen más detalles acerca de este nuevo encuentro en Mérida. Este martes se retomaron los contactos, unas conversaciones "mínimas" que partieron del PP para incidir en que habría que "hablar y sentarse ya" a negociar. Pese a la presencia de Tellado, fuentes populares insisten en que será la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, quien liderará las conversaciones, que se llevarán a cabo entre "un reducido grupo de personas".
Disposición al acuerdo
Vox por el momento descarta pronunciarse, si bien hay que recordar que desde el primer momento, la formación ya designó a Montserrat Lluis como la voz de Bambú en Extremadura para acompañar a Óscar Fernández. Desde la formación de Santiago Abascal siguen sin entender por qué los populares hicieron público su decálogo para negociar si, como dicen, es un documento interno del partido, a no ser que fuera para "presionarles" a través de los medios de comunicación.
De ahí, la airada reacción de Abascal del martes, quien consideró una "ofensa" el documento. En cualquier caso, las fuentes han asegurado a Efe la disposición plena de Vox a llegar a un acuerdo de gobernabilidad tanto en Extremadura como en Aragón. Eso sí, dejando claro nuevamente que debe haber cesiones por ambas partes y garantías de cumplimiento de los acuerdos.

Ignacio Garriga y Montse Lluis. / EFE
Impuestos, campo y Almaraz
El documento marco aprobado por el PP para ordenar sus pactos autonómicos acota el terreno sobre el que podría cerrarse el acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura. El texto, definido como "único y vinculante" para toda España, fija los "ámbitos prioritarios" y los límites de cualquier negociación. Así, las exigencias programáticas de Vox deberán encajar en las competencias reales de la Junta, a lo que se suma otra condición política de fondo: garantizar la aprobación de los cuatro presupuestos de la legislatura y un compromiso de estabilidad que evite situaciones de bloqueo parlamentario como las vividas tras la ruptura del anterior Ejecutivo de coalición.
El posible pacto se ordena en torno a un bloque reconocible de materias: impuestos, campo, energía, vivienda, inmigración y políticas de apoyo a familias y jóvenes. Destacan tres ejes que podrían convertirse en la base del acuerdo para la investidura de Guardiola: la bajada de impuestos, ya que la fiscalidad es uno de los ámbitos en los que PP y Vox han mostrado mayor sintonía en Extremadura; la defensa del campo, por la importancia de este sector para la región, y la defensa de la central nuclear de Almaraz.
Igualdad y violencia machista
El decálogo del PP sitúa la igualdad en un marco más amplio y evita singularizarla en la mujer después de que este asunto haya centrado buena parte de la tensión política en Extremadura. Así, sin mención expresa al feminismo, el documento se pronuncia contra "cualquier discriminación por razón de territorio, ideología, lengua, sexo u otra condición". Incluye referencias a las "dificultades reales" que afrontan las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación y la brecha salarial y apuesta por políticas "concretas y eficaces" (sin detallar medidas específicas) para resolver estos problemas "no enfrentando a los ciudadanos por su sexo".
En la misma línea, la violencia de género se encuadra en un apartado general de "condena inequívoca contra toda forma de violencia: políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase", sin un desarrollo específico diferenciado. De esta forma, el texto mantiene la condena expresa, pero la integra en una categoría más amplia fijando un marco que facilite el acuerdo sin alterar consensos básicos y dejando margen para eventuales ajustes en políticas concretas.
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