El TSJEx admite dos recursos contra el decreto que excluye Valdecañas de la ZEPA

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)ha admitido a trámite dos recursos contencioso-administrativos presentado por Ecologistas en Acción y Fondenex, contra el Decreto 180/2025, aprobado el 16 de diciembre, por el que la Junta ha ajustado los límites de once Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre los cambios figura la exclusión de la isla de Valdecañas, donde se levanta el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ordenada en reiteradas ocasiones por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción sostiene que la modificación responde a un intento de “burlar” la ejecución de sentencia y de eliminar el principal obstáculo ambiental que impide la legalización del complejo. A su juicio, el decreto carece de justificación técnica suficiente y ha sido diseñado “a medida” para desproteger el suelo donde se asienta la urbanización, con la "excusa técnica de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse". Insiste en que la demolición total ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Fondenex, por su parte, pone el foco en el alcance real de las modificaciones y en la tramitación del expediente. En su recurso señala que, aunque la mayoría de ajustes en las once zonas han sido "insignificantes", la revisión en Valdecañas concentra una parte sustancial de la reducción: del total recortado (324,9 hectáreas), 208,9 hectáreas corresponden mayoritariamente a la isla (más del 60%, según la entidad). Además, destaca que el TSJEX requiere al Gobierno extremeño que remita el expediente administrativo en un plazo improrrogable de 20 días, como parte del procedimiento ya en marcha.

Desde la Junta de Extremadura se viene defendiendo, por el contrario, que los cambios en las ZEPA obedecen a la corrección de “errores cartográficos” detectados en delimitaciones antiguas y al uso de nuevas herramientas tecnológicas, como modelos digitales del terreno basados en tecnología LiDAR, que permiten ajustar con mayor precisión los límites a la realidad física.

Casi dos décadas de litigios

El conflicto judicial en torno a Valdecañas se remonta a hace casi veinte años. El Proyecto de Interés Regional (PIR) fue anulado por el TSJEx en 2010 al considerar que vulneraba la normativa de protección ambiental, puesto que se ubicaba en suelo integrado en la Red Natura 2000. Posteriormente, el Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad y ha ordenado la demolición de las edificaciones.

El alto tribunal ha sido explícito al señalar que “el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”, recuerdan los ecologistas. Desde entonces, se han sucedido recursos e incidentes de ejecución. Los ecologistas insisten en que el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado los recursos de amparo promovidos por la Junta, los ayuntamientos implicados y comunidades de propietarios.

Pese a ello, el complejo —que incluye un hotel, decenas de villas, campo de golf e instalaciones deportivas— continúa operativo. La ejecución material del derribo sigue sin haberse iniciado, recuerda la organización.

La estrategia de la Junta

En noviembre del pasado año, la Junta ya avanzó que alegaría ante el TSJEx los cambios introducidos en la normativa de ZEPA para sostener que, con la regulación actual, no sería necesario proceder al derribo. El Ejecutivo autonómico ha mantenido que la redefinición de límites afecta a varios embalses extremeños y no responde a un caso concreto, sino a la necesidad de adaptar la cartografía a criterios técnicos más precisos.

Además del decreto que afecta a once embalses, el Gobierno regional ha tramitado otra modificación que revisa los límites de 39 ZEPA y propone ajustar 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), con el argumento de corregir delimitaciones que incluían zonas urbanas sin valores ambientales que justificaran ese nivel de protección.

Las organizaciones conservacionistas interpretan estas iniciativas como una maniobra para “salvar” Valdecañas. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la pasividad de las administraciones implicadas: “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse.

“Fraude de ley”

De hecho, Ecologistas en Acción califica el decreto recurrido como un intento de “vaciar de contenido” resoluciones firmes. Jaime Doreste, abogado ambientalista y Profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la UAM, que defiende a la organización, habla del decreto como “un fraude de ley en toda regla”. Sostiene que Isla de Valdecañas es un terreno emergido de forma permanente y no una superficie inundable, por lo que su exclusión de la ZEPA no puede justificarse únicamente en la cota máxima del embalse. La organización ha exigido el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental.

Por su parte, en su recurso, Fondenex cuestiona que la reducción de límites se haya planteado como un mero ajuste técnico y subraya varios puntos que, a su juicio, debilitan la validez del decreto. Entre ellos, señala que se han eliminado áreas en las colas de los embalses, "precisamente donde hay mayor biodiversidad de aves", y que se han combinado ampliaciones y reducciones en márgenes de embalses y charcas de forma "incomprensible" y "sin base científica", además de suprimir zonas periféricas de protección.

La entidad también defiende que el decreto se habría impulsado "única y exclusivamente" para sacar la isla de la urbanización de Valdecañas de la zona protegida, después de las resoluciones judiciales sobre el derribo. Asimismo, sostiene que una reducción de las ZEPAS requeriría avales e informes específicos (incluida, según su interpretación, la intervención de instancias estatales y europeas), y que no consta una justificación científica que atribuya los cambios a una evolución natural del espacio.