La Unión cifra en 250 millones las pérdidas agrarias por las inundaciones en Extremadura

La Unión Extremadura estima en más de 250 millones de euros las pérdidas provocadas por las lluvias persistentes registradas a comienzos de 2026 en el sector agrario de la región. Una valoración aún provisional, ya que la organización advierte de que el impacto real podría crecer de forma notable en función de la evolución del olivar y los frutales, donde parte de los perjuicios no se podrán confirmar hasta que las plantaciones brotan y florezcan.

La organización agraria sostiene que el temporal ha ocasionado daños “muy importantes” tanto en instalaciones agrarias como en cultivos y ganaderías, y subraya que se necesita tiempo para una evaluación “más exhaustiva”. Uno de los puntos que mantiene la incertidumbre es el sistema radicular de olivos y frutales. “La futura asfixia radicular solo se podrá apreciar” cuando avance el ciclo vegetativo, señala La Unión, que no descarta que el cálculo se incremente “de manera sustancial” si se confirma ese deterioro.

El Ministerio

En esta línea, la organización también critica el alcance de las ayudas anunciadas por el Ministerio de Agricultura. “La mayor parte” de Extremadura, según afirma, ha quedado fuera de esas medidas, citando en concreto toda la provincia de Cáceres y varias comarcas de Badajoz que, sostiene, también han registrado pérdidas relevantes.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto-ley con medidas urgentes por valor de más de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por la inundaciones y otros efectos del temporal en municipios de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el paquete destinado al sector primario supera los 2.800 millones de euros. Incluye ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a seguros agrarios y apoyo a armadores afectados, por un total de 2.174 millones. Se habilita una línea de financiación de 100 millones que cubrirá el 15% del principal de los créditos solicitados por agricultores y pescadores, además del coste de los avales. Los temporales se considerarán causa de fuerza mayor ante posibles incumplimientos en el marco de la PAC.

Asimismo, ee reduce de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, se establece una ayuda del 100% del daño no cubierto por el seguro agrario y se activan líneas específicas para explotaciones agrarias. El Gobierno también destina 600 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras agrarias a través de Tragsa y Seiasa.

La Junta

En cuanto a la respuesta autonómica, La Unión lamenta que la Junta de Extremadura se haya limitado a publicar el 16 de febrero un enlace en su web para que los damnificados aporten pruebas de los daños, y reprocha la falta de impulso a medidas de apoyo “para paliar al menos parte” de unos perjuicios que, en muchos casos, consideran no asegurables. Además, carga contra el procedimiento de valoración y reclama que sean los técnicos de la administración autonómica quienes realicen las inspecciones sobre el terreno.

La Unión recuerda que existen 88 oficinas comarcales agrarias y veterinarias en la región, con una plantilla superior a 515 funcionarios, pero sostiene que los afectados se ven obligados a aportar toda la documentación sin que se realicen visitas a las explotaciones. Por ello, pide a la Junta que los informes se elaboren desde la propia administración y no recaigan en organizaciones agrarias o cooperativas.