Choque legal
PACMA recurre al Constitucional contra el enterramiento de perros de caza en Extremadura
El Partido Animalista (PACMA) denuncia la diferencia de trato en la normativa extremeña: los dueños de perros de caza pueden enterrarlos, mientras que los de compañía no, sin justificación sanitaria ni medioambiental

Varios hombres saliendo a cazar con sus perros / EFE
El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones judiciales y administrativas que avalan el enterramiento de perros de caza en Extremadura.
La formación ha presentado el recurso después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación previo. En concreto, impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y las resoluciones de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura que permiten el enterramiento de perros de caza (incluidos los de rehalas, pastores y guarda).
Posible vulneración del principio de igualdad
Desde PACMA sostienen que la normativa extremeña podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española al establecer, a su juicio, una diferencia de trato injustificada entre propietarios de perros de caza y propietarios de perros de compañía.
"Mientras los primeros pueden enterrar a sus animales fallecidos bajo determinadas condiciones, las familias con animales de compañía tienen prohibida esa posibilidad en el mismo territorio", han señalado desde la formación.
El partido considera que "no existe base sanitaria, medioambiental ni de salud pública que justifique esta distinción, ya que los restos biológicos de ambos animales presentan idénticas implicaciones técnicas". A su entender, la clasificación del animal en función de su uso cinegético introduce un privilegio que quiebra el principio de igualdad ante la ley.
Advertencias ambientales
PACMA también ha advertido de la posible afección medioambiental derivada del uso de cal viva (óxido de calcio) en los enterramientos autorizados. Según ha argumentado en el recurso, la reacción química de esta sustancia podría alterar el pH del suelo, afectar a la microbiota edáfica y suponer un riesgo de contaminación de acuíferos, lo que activaría el principio de precaución recogido en la legislación ambiental.
En este sentido, la formación ha solicitado al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas, así como el restablecimiento de los derechos fundamentales que considera vulnerados.
El recurso busca impedir, según ha defendido el partido, que se consolide una regulación que, a su juicio, otorga un trato de favor al colectivo cinegético frente al resto de la ciudadanía.
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