Mercado laboral
Las jubilaciones de autónomos suben en Extremadura y urgen un plan de relevo generacional
UPTA advierte de que el aumento de pensionistas eleva el riesgo de cierres de pequeños negocios, sobre todo en comercio, hostelería y medio rural

Tienda de souvenirs. / El Periódico
El Periódico Extremadura
El número de autónomos jubilados sigue creciendo en Extremadura y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) advierte de que este fenómeno puede provocar el cierre de miles de pequeños negocios sin continuidad. Ante esta situación, la organización reclama la puesta en marcha de un plan nacional de relevo generacional que facilite la transmisión de actividades viables y ayude a nuevos emprendedores a hacerse cargo de estos negocios.
Los datos que maneja UPTA reflejan el avance en apenas dos años. En enero de 2026 se contabilizaron 53.304 pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la región, frente a 52.263 en enero de 2024, lo que supone 1.041 más en ese periodo. Al mismo tiempo, la pensión media total de los autónomos extremeños se situó en 910,45 euros mensuales, cuando en enero de 2024 era de 813,60 euros, un incremento de 86,85 euros, equivalente al 11,9%.
En cuanto a las pensiones de jubilación, el RETA alcanza en Extremadura los 33.121 pensionistas, es decir, 545 más que en enero de 2024. La pensión media de jubilación se sitúa en 993,17 euros al mes, frente a los 888,63 euros de hace dos años, lo que representa una subida de 104,54 euros (11,8%).
Régimen General
Pese a la mejora de las cuantías, UPTA insiste en que la brecha con el Régimen General “continúa siendo muy significativa”. A enero de 2026, en Extremadura la pensión media total del Régimen General es de 1.239,54 euros y la de jubilación alcanza los 1.445,51 euros. En comparación, la pensión media del RETA se queda 329,1 euros por debajo en el conjunto (una diferencia del 26,5%) y en jubilación el desfase asciende a 452,3 euros mensuales, lo que supone un 31,3% menos.
La organización atribuye esta distancia a años de cotizaciones bajas y trayectorias más irregulares entre los autónomos. Y aunque el nuevo sistema de cotización por ingresos reales puede ayudar a corregir desigualdades futuras, advierte de que no resolverá a corto plazo el diferencial de las pensiones ya reconocidas.
Cierre de negocios
Pero el aviso de UPTA va más allá de las cifras. El problema, señalan, no es solo que aumenten las jubilaciones, sino que una parte importante de los negocios que cierran por retiro no encuentran quien tome el relevo. El impacto se deja sentir con especial crudeza en el comercio de proximidad, la hostelería tradicional, el transporte, los pequeños servicios profesionales y en actividades ligadas al mundo rural.
“Cada negocio que cierra por jubilación sin transmisión implica pérdida de actividad económica y empleo, debilitamiento del tejido productivo local y una mayor presión sobre la despoblación”, lamenta UPTA, que pide medidas para facilitar la continuidad empresarial. Su presidente, Eduardo Abad, lo resume así: “El problema no es que los autónomos se jubilen, sino que miles de pequeños negocios desaparecerán en los próximos años sin ninguna continuidad”. “No hablamos solo de autónomos, hablamos de empleo, de servicios en los barrios y de actividad económica en el medio rural”, concluye.
Compensación por obras
Por otra parte, UPTA ha impulsado una moción dirigida a los 8.132 ayuntamientos de España, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales por los grupos políticos que la quieran respaldar, incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.
Las actuaciones de mejora del espacio público tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad. Desde UPTA se constata que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas. En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar hasta el 30% mientras duran las obras.
Según las estimaciones de UPTA, un pequeño negocio a pie de calle soporta una media de 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, incluyendo conceptos como el IBI del local, la tasa de recogida de residuos, licencias, vados o tasas de ocupación pública. La combinación de una caída sostenida de ingresos y la imposibilidad de reducir gastos estructurales «pone en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios».
En este contexto, UPTA ha remitido a los ayuntamientos un Plan de Compensación Municipal con bonificaciones mínimas del 50% en impuestos y tasas, la devolución de importes ya abonados y la aplicación de estas medidas de forma inmediata tras las obras, mediante la comparación objetiva de la facturación de los meses afectados con los mismos periodos de años anteriores. Estas bonificaciones permitirían una compensación económica directa entre 500 y 1.000 euros por negocio.
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