Los automovilistas extremeños pagarán este año a los ayuntamientos más de 69 millones de euros por el “numerito”

Extremadura vuelve a situarse en la parte amable del mapa fiscal del automóvil. Mientras el debate público aprieta contra la contaminación de los automóviles, aumentan las restricciones al coche, crecen las zonas de bajas emisiones y no se habla de otra cosa que no sea la transición medioambiental, en realidad los ayuntamientos se siguen aprovechando de las cuatro (o las dos) ruedas y mantienen intacta una de sus fuentes de ingresos más estables: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el viejo “numerito”, que este año dejará en la comunidad extremeña una recaudación de 69 millones de euros.

Detrás de esa cifra hay más de 900.000 extremeños titulares de vehículos a motor (es el número total, donde se repite el que tenga dos o más coches) obligados a pagar el impuesto por el simple hecho de tenerlos dados de alta en Tráfico, circulen más o menos. Y en una comunidad como Extremadura, con las dos provincias más extensas de España, donde el turismo sigue siendo una herramienta cotidiana para trabajar, ir al médico o enlazar pueblos y ciudades, el dato no resulta menor.

El estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) vuelve a retratar una realidad conocida: en España el “numerito” depende tanto del tipo de vehículo como del municipio donde esté domiciliado. Es una especie de lotería. Y al menos Badajoz y Cáceres salen bien paradas. Las dos capitales extremeñas figuran entre las más baratas del país para un turismo medio y se quedan muy cerca de esa consideración de “paraísos fiscales”, que el informe reserva a los municipios con una fiscalidad especialmente baja.

Badajoz y Cáceres, entre las más baratas

La diferencia entre ambas capitales apenas existe. Un turismo de entre 8 y 11,99 caballos fiscales paga 53,61 euros en Badajoz y 54 euros en Cáceres. Supone una distancia mínima, casi simbólica, pero suficiente para confirmar que las dos ciudades extremeñas se mueven en la zona baja del impuesto en el conjunto nacional.

La comparación gana fuerza cuando se pone al lado de otras capitales. Ese mismo coche paga 59 euros en Madrid, 68,16 en Barcelona y 89,25 en San Sebastián. Es decir, vivir en una u otra ciudad cambia de forma notable el coste de mantener un vehículo. Y en ese reparto desigual, Extremadura queda situada en el bloque más favorable para el contribuyente.

AEA incluye de hecho a Badajoz y Cáceres entre las capitales que pueden considerarse más ventajosas para el automovilista, junto a Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia o A Coruña. No son los grandes refugios fiscales de las flotas empresariales, pero forman la España donde el “numerito” aprieta menos.

Un impuesto que no afloja

El IVTM lleva décadas instalado en la vida cotidiana de los conductores y sigue siendo una pieza fija en la financiación local. Según el informe, genera en España en torno a 3.000 millones de euros anuales, aunque otras estimaciones elevan esa cifra en algunos ejercicios. En Extremadura, el volumen alcanza esos 69 millones que convierten al impuesto en una fuente considerable para los ayuntamientos.

Y ahí radica la contradición, según las reflexiones de Automovilistas Europeos Asociados (AEA): mientras desde las administraciones se lanza un discurso de contención del uso del automóvil, ningunade ellas renuncia en serio a los ingresos que produce.

Este impuesto, en concreto, se calcula según la potencia fiscal en los turismos, la cilindrada en las motocicletas y el peso o número de plazas en camiones y autobuses. A partir de esa base, la ley permite a los ayuntamientos aplicar recargos y elevar las cuotas hasta el doble de la tarifa mínima. Y ahí empieza la gran desigualdad.

Geografía fiscal muy desigual

El informe de AEA insiste en que España mantiene un mapa tributario muy fragmentado. Ocho capitales de provincia cobran ya el máximo permitido en alguno de los tramos, mientras otras optan por tarifas mucho más suaves. Esa libertad municipal acaba dibujando diferencias que no se explican por el vehículo, sino por el código postal.

Entre las capitales más caras aparecen San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. Frente a ellas, Badajoz y Cáceres quedan en el grupo de las que menos castigan al conductor medio. En este sentido, hay que tener en cuenta que en una región donde el transporte público no cubre siempre con solvencia las necesidades diarias, y donde el vehículo privado sigue siendo prioritario, pagar menos por el impuesto municipal es una ventaja fiscal que alivia en cierto modo el coste de una movilidad que muchas veces no se puede elegir.

El fenómeno de los “paraísos fiscales”

AEA vuelve a poner el foco en un problema de fondo: la capacidad de los ayuntamientos para fijar sus propias cuotas ha terminado creando verdaderos “paraísos fiscales” del automóvil. En esos municipios, sobre todo pequeños, las empresas de alquiler y renting concentran la matriculación de sus flotas para beneficiarse de una fiscalidad mucho más baja.

El resultado es conocido desde hace años: localidades con pocos habitantes, pero con una cifra desproporcionada de matriculaciones, reciben cada ejercicio una lluvia de ingresos por vehículos que no circulan por sus calles. El informe sostiene que diez pequeños municipios españoles concentran alrededor del 35% de las matriculaciones de coches de empresa de todo el país.

Extremadura no figura en esos enclaves donde se domicilian flotas enteras por puro interés tributario. Pero sí aparece en otra categoría relevante: la de las capitales que mantienen una fiscalidad baja sin convertirse en 'paraísos fiscales' del automóvil.

Las motos también muestran el abismo

La desigualdad se repite en las motocicletas. Una moto de entre 500 y 1.000 centímetros cúbicos paga 47,65 euros en Badajoz y 47,50 en Cáceres, mientras en otras ciudades las cuantías suben con claridad.

El contraste nacional llega a ser mucho más llamativo: una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga 15,15 euros en Melilla y 86,72 euros en Vitoria.