Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: "si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?"

La Consejería de Educación mantiene la convocatoria de oposiciones con 304 de maestros anunciadas para el próximo mes de junio tras las dudas surgidas en el colectivo docente al mantenerse la Junta de Extremadura en funciones, tras dos investiduras fallidas de la pasada semana. Después de varios días de silencio, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha asegurado esta mañana, durante una feria de FP en Don Benito, que la convocatoria sigue adelante porque considera que la ley así lo permite al tratarse de un asunto de «interés general y de urgencia» y porque, además, forma parte de la actividad ordinaria de la administración y eso lo permite la normativa actual, asegura.

Las dudas surgen ante la interpretación de la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece en su artículo 5 sobre otras limitaciones de un gobierno en funciones «aprobar o publicar convocatorias de procesos selectivos de acceso o de provisión de puestos de trabajo, con carácter definitivo en ambos casos, para cualquier categoría de empleados público», reza literal la ley.

Sin embargo, Vaquera, que no ha aludido a este artículo concreto, considera que esa misma normativa en su redacción preliminar sí permitiría la convocatoria de oposiciones prevista para el mes de junio. En concreto, ha asegurado que el artículo 2 «dice que el gobierno en ese periodo de transición debe continuar con la actividad ordinaria» y, a su juicio, un proceso selectivo que se convoca históricamente cada año y sobre el que se viene trabajando desde el pasado octubre (antes de la convocatoria de elecciones) es actividad ordinaria.

Pero además, Vaquera, ha apuntado que ese mismo artículo señala que deben continuarse con todos los asuntos que sean «de interés general y de urgencia» y este proceso selectivo lo es, a su juicio, ya que el grueso de las 304 plazas que se ofertarán forman parte de la Oferta Pública de Empleo del año 2023 y cuentan con un máximo de tres años para sacarlas a oposición. «Si no las sacamos este año esas plazas se perderían 281, ¿eso es de interés general o no?», ha cuestionado. Por ambas razones, la consejera ha subrayado que la administración sigue trabajando en la convocatoria de oposiciones, actualmente está preparando la resolución, como sigue trabajando también en otros procesos o trámites necesarios de cara a la organización del próximo curso académico, 2026-2027.

Valoraciones tras varios días de silencio

Las declaraciones de Vaquera tienen especial relevancia porque se producen después de varios días de silencio ante una situación política inédita en Extremadura, con un gobierno en funciones y con limitaciones en base a una ley, la de transición entre gobiernos de 2015, que paradójicamente aprobó el gobierno del popular José Antonio Monago. Y ante ese silencio, los sindicatos venían pidiendo en los últimos días un pronunciamiento público de la consejería.

Desde el PIDE dudan de que con una interpretación literal de la normativa de 2015, un gobierno en funciones pueda convocar un proceso selectivo sin generar un escenario de «inseguridad jurídica», el cual podría empañar el procedimiento si se produjera la impugnación de algún aspirante. No obstante, instó a la Junta a explicar con claridad y sin ambigüedades «si dispone de alguna vía legal» para convocar las oposiciones pese al actual contexto político. En todo caso, considera que la administración tendría como plazo máximo el 15 de abril para convocar el procedimiento y que diera tiempo a iniciarlo el 20 de junio, como la mayoría de las comunidades limítrofes.

Por su parte, desde el sindicato CSIF se han mostrado optimistas y han instado a la Consejería de Educación a publicar en los próximos días la convocatoria de oposiciones docentes, porque consideran que la oferta de empleo público ya aprobada ampara el proceso selectivo.

Asimismo, desde el sindicado ANPE creen que la administración regional tiene justificación suficiente para dar seguridad jurídica a las oposiciones al ser una actuación «ordinaria y planificada previamente». Además, señala que «suspender o retrasar oposiciones necesarias para cubrir plazas estructurales podría vulnerar el principio de continuidad del servicio público educativo y el Tribunal Constitucional ha señalado que los poderes públicos deben evitar situaciones de incertidumbre jurídica innecesaria. Cancelar o retrasar una convocatoria prevista podría generar una inseguridad jurídica mayor que permitir su ejecución».