Prosegur vigilará estaciones y vías del tren en Extremadura tras ganar un contrato de 26,6 millones

La empresa Prosegur será la encargada de la vigilancia y seguridad de estaciones y otras instalaciones ferroviarias en Extremadura dentro del nuevo contrato licitado por Adif para reforzar la protección de su red en toda España. El lote que incluye la comunidad extremeña asciende a 26,6 millones de euros.

Seguridad en estaciones e infraestructuras

El contrato contempla la vigilancia de estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y otras instalaciones ferroviarias que forman parte de la red gestionada por Adif.

En el caso de Extremadura, el servicio se prestará dentro del lote territorial que agrupa Andalucía y la comunidad extremeña, adjudicado a una Unión Temporal de Empresas liderada por Prosegur, que controla el 98,4% de la sociedad junto a un 1,6% de ESC Servicios Generales.

El contrato tendrá vigencia entre febrero de 2026 y enero de 2028, periodo durante el cual estas empresas asumirán la seguridad de instalaciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del transporte ferroviario.

Qué estaciones y centros ferroviarios están en juego

En Extremadura, la red ferroviaria gestionada por Adif incluye estaciones de viajeros clave como Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia o Navalmoral de la Mata, además de otras dependencias técnicas repartidas por la comunidad.

A estas instalaciones se suman terminales logísticas, centros de mantenimiento y edificios administrativos, espacios donde se coordina la circulación ferroviaria y el transporte de mercancías. La vigilancia se centra tanto en la protección de viajeros y trabajadores como en la prevención de sabotajes, intrusiones o actos vandálicos.

La seguridad de estos espacios se ha convertido en una prioridad creciente en los últimos años debido al incremento del tráfico ferroviario y al valor estratégico de la infraestructura dentro del sistema de transporte.

Un contrato nacional de 150 millones

La adjudicación forma parte de un gran proceso de contratación impulsado por Adif para reforzar la seguridad en su red. El organismo público sacó a concurso seis lotes territoriales con un presupuesto inicial de 156,7 millones de euros, que finalmente se ha reducido hasta 150 millones tras el proceso competitivo.

Además del lote que incluye Extremadura, el contrato se reparte entre varias empresas del sector de la seguridad privada. La compañía Ilunion Seguridad, perteneciente al Grupo Social ONCE, ha obtenido los dos lotes de mayor volumen económico, correspondientes a Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, por un total de 70,2 millones de euros.

Reparto de la vigilancia ferroviaria

El resto de adjudicaciones se distribuye entre distintas empresas especializadas. La firma Secoex se encargará de la vigilancia en Comunidad Valenciana y Murcia, con un contrato valorado en 23 millones de euros.

Por su parte, Grupo Control gestionará la seguridad en Castilla y León, Galicia y Asturias, por 21,5 millones. Finalmente, Invico ha resultado adjudicataria del lote correspondiente a País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria, con un importe de 9,4 millones de euros.

Infraestructuras consideradas críticas

La seguridad en estas instalaciones es considerada prioritaria por el administrador ferroviario. Tanto Adif como Adif Alta Velocidad están catalogados como operadores críticos por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).

Esto implica que numerosas instalaciones ferroviarias están clasificadas como infraestructuras críticas, por lo que requieren sistemas de vigilancia permanentes para garantizar la continuidad del servicio y la protección de viajeros y mercancías.

Este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, coordina la protección de sectores estratégicos como la energía, el transporte o las telecomunicaciones. En el caso del transporte ferroviario, los protocolos incluyen planes de seguridad específicos, coordinación con fuerzas policiales y controles permanentes en puntos sensibles de la red.

El contrato, además, prevé la posibilidad de prórrogas o modificaciones que podrían elevar el valor total hasta los 266 millones de euros.

El peso del sector de la seguridad privada

El contrato adjudicado por Adif refleja también el peso creciente del sector de la seguridad privada en la gestión de infraestructuras estratégicas en España.

Según datos sectoriales, miles de vigilantes trabajan en servicios vinculados a infraestructuras de transporte, aeropuertos, puertos o redes ferroviarias, donde colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Empresas como Prosegur, Ilunion o Secoex se han consolidado en los últimos años como proveedores habituales de servicios de vigilancia en infraestructuras públicas, en contratos que suelen tener una elevada complejidad operativa y altos requisitos de seguridad.