Los jóvenes extremeños retrasan la emancipación hasta los 30 años y solo el 20% de los propietarios tiene menos de 45

Los jóvenes extremeños se emancipan de media a los 30 años y solo el 20% de los propietarios de vivienda tiene menos de 45 años, lo que refleja las dificultades de acceso al mercado inmobiliario entre las generaciones más jóvenes.

En Extremadura tres de cada cuatro ciudadanos viven en una vivienda en propiedad, aunque ese porcentaje se concentra en los grupos de mayor edad.

Además, casi el 17% de los extremeños asegura que no tiene ingresos suficientes para llegar a fin de mes, mientras que el precio de los alimentos preocupa al 38% de los consumidores, por delante del coste de la vivienda (27,4%) y de la energía (19,7%).

Estos datos se recogen en el VIII Barómetro de Hábitos de Consumo en Extremadura, elaborado a partir de casi 700 encuestas personales y presentado este viernes en Mérida por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este domingo.

Jóvenes con más dificultades para acceder a la vivienda

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, cerca del 40% vive en el hogar familiar o en alquileres compartidos, una situación que refleja las dificultades de emancipación.

Las diferencias también aparecen dentro del territorio. En el norte de la provincia de Cáceres solo el 27% de los ciudadanos puede permitirse alquilar una vivienda, frente al 62% en la provincia de Badajoz, según el barómetro.

Hipotecas: crece el tipo fijo

Entre los extremeños que tienen un préstamo hipotecario, el 45,8% mantiene su hipoteca a tipo fijo, frente al resto que continúa con tipo variable. Según el director de la Unión de Consumidores de Extremadura, Javier Rubio, el aumento de las hipotecas fijas responde a la intención de muchos hogares de protegerse frente a las subidas del euríbor registradas en los últimos años.

Rubio recuerda además que quienes quieren cambiar su hipoteca de tipo variable a fijo antes de cumplir diez años de contrato pueden enfrentarse a una penalización del 2% sobre el capital pendiente.

Cambios en la cesta de la compra

El barómetro refleja también cambios en los hábitos de compra. El 70% de los extremeños afirma recurrir a ofertas y marcas blancas para reducir el gasto en alimentación.

Según la organización, también disminuye el consumo de productos frescos. Rubio advierte de que esta tendencia puede derivar en un "problema de salud pública al ser sustituidos por alimentos ultraprocesados".

Pagos con tarjeta y reclamaciones en el medio rural

La tarjeta bancaria se consolida como el medio de pago principal, especialmente entre los jóvenes. El estudio indica además que el 57,1% de los extremeños no se siente protegido como consumidor. Las reclamaciones se concentran en la banca en zonas urbanas, mientras que en áreas rurales, especialmente en la provincia de Cáceres, se dirigen con más frecuencia a compañías eléctricas y de telecomunicaciones por problemas de suministro o cobertura.

La factura del hogar, en primera persona

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Rubio recuerda que, tras el apagón eléctrico que afecta a España el 28 de abril de 2025, las compañías están obligadas a compensar a los usuarios por incumplimientos en la calidad del suministro.

Estas compensaciones se aplican mediante descuentos en la factura antes del 31 de marzo de 2026, conforme al Real Decreto 1955/2000, y se calculan en función de las horas de interrupción y del tipo de contrato del usuario.

Reciclaje y desperdicio alimentario

El barómetro recoge también algunos hábitos ambientales. El 72% de los extremeños afirma reciclar en casa, una cifra que aumenta en los últimos años.

Sin embargo, el desperdicio alimentario continúa siendo un problema. Aproximadamente la mitad de los extremeños reconoce haber tirado alimentos en los últimos días, principalmente sobras o productos estropeados.

El barómetro concluye que detrás de las medias estadísticas conviven realidades muy distintas entre los consumidores extremeños. Las diferencias por edad, territorio o nivel de ingresos muestran, según la organización, la necesidad de adaptar las políticas de consumo y servicios a una región con desigualdades internas cada vez más visibles.