PP y Vox aprueban un decreto-ley en Extremadura para blindar los servicios públicos y sortear el bloqueo de un gobierno en funciones

La Junta de Extremadura ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar el funcionamiento de un Ejecutivo en funciones a las necesidades de la administración autonómica y de los ciudadanos. La medida pretende garantizar la actividad ordinaria de la Junta y evitar que una interpretación rígida de la norma acabe afectando a la prestación de servicios públicos esenciales.

Según explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el decreto-ley ha sido acordado con el grupo parlamentario Vox y parte de la idea de que un gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin adoptar decisiones que condicionen políticamente al futuro gabinete, pero sin que eso suponga una administración paralizada. Destaca este acuerdo entre PP y Vox tras un periodo de importantes tensiones que ha dado incluso al traste con el primer intento de investidura de Guardiola. "Esta norma ha sido consensuada con el grupo parlamentario de VOX, dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes", afirma el comunicado.

La Junta sostiene que la regulación vigente hasta ahora resultaba más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas equivalentes. A su juicio, la Ley 4/2015 imponía límites que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria, especialmente cuando la interinidad se prolonga en el tiempo, como ocurre ahora tras las elecciones autonómicas celebradas en diciembre y coincidiendo además con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario.

Una ley de Monago

Cabe recordar que esta Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura (publicada en el DOE el 27/02/2015 y BOE el 25/03/2015), fue aprpbada en al final del Gobierno del entonces presidente extremeño José Antonio Monago para regular el cambio de ejecutivo en Extremadura, es decir, la transición entre gobiernos de Extremadura.

Con la modificación de este viernes, el Gobierno regional quiere corregir esas restricciones para permitir actuaciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, siempre que concurran razones de urgencia, interés general o la necesidad de asegurar la ejecución de fondos finalistas.

Entre otras cuestiones, la nueva norma facilita la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos y la gestión de procesos selectivos o de necesidades de personal ya comprometidas. El texto también ha advertido de que la regulación anterior podía poner en riesgo el cumplimiento de plazos ligados a fondos finalistas y afectar a áreas esenciales como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales.

Ayudas, subvenciones y empleo público

En materia de subvenciones, el decreto-ley ha permitido dar continuidad a ayudas directas dirigidas a entidades públicas y privadas que desarrollan actividades de interés general, sobre todo en ámbitos vinculados a los servicios sociales, la inclusión, la atención a la discapacidad o las personas mayores.

Uno de los principales escollos que han llevado a la Junta a impulsar esta reforma ha estado en el ámbito educativo y, en concreto, en la convocatoria de oposiciones de maestros prevista para este año. El Ejecutivo ha defendido que la situación de interinidad no podía bloquear actuaciones ordinarias sujetas a plazos legales o ligadas a ofertas de empleo público ya aprobadas.

Ahí se encuadra la convocatoria de 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, cuya tramitación había quedado bajo sospecha por las limitaciones de la ley de transición entre gobiernos. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ya había defendido esta semana la continuidad del proceso al considerar que se trata de una actuación ordinaria de la consejería y de un asunto de "interés general y de urgencia".

Vaquera había sostenido que buena parte de esas plazas proceden de la oferta pública de empleo de 2023 y que deben convocarse dentro de un plazo máximo de tres años para no perderse. De hecho, había advertido de que 281 plazas podrían decaer si no salen este año, argumento que la Junta ha incorporado ahora al justificar la necesidad de flexibilizar la norma vigente para no comprometer servicios públicos ni procesos administrativos ya en marcha.

Una ley para evitar la parálisis

En su argumentación, la Junta ha insistido en que un gobierno en funciones no debe convertirse en un gobierno inoperante. Por eso, el decreto-ley ha tratado de compatibilizar la contención política propia de un periodo transitorio con la continuidad de la administración.

El Ejecutivo regional ha resumido que la reforma persigue cuatro objetivos: garantizar el funcionamiento ordinario de la Junta, proteger la prestación de los servicios públicos, asegurar la ejecución de fondos esenciales y evitar que una regulación excesivamente rígida termine perjudicando la atención a los ciudadanos extremeños.

Vox lo valora

El presidente del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Óscar Fernández Calle, se ha referido este viernes a la aprobación del decreto-ley consensuado entre Vox y el Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones, para evitar, afirma, que la situación de interinidad política perjudique a los ciudadanos extremeños.

"La regulación vigente era excesivamente restrictiva, más que la normativa estatal o de otras comunidades autónomas, lo que estaba dificultando la gestión ordinaria de la Administración y por ello, afectando a aspectos esenciales para la vida diaria de los extremeños", ha indicado.

Fernández Calle ha subrayado que este acuerdo demuestra que "cuando se trabaja con seriedad, sin injerencias ni ruido político, es posible alcanzar acuerdos útiles para Extremadura". En este sentido, ha señalado que entre ambas formaciones existe un intercambio constante de documentación y un trabajo discreto y continuo.