Las constructoras extremeñas alertan de que el retraso en la formación de gobierno ya es un gran problema económico para la región

El sector de la construcción en Extremadura empieza a notar los efectos del bloqueo político. Las empresas denuncian que la falta de licitaciones de obra pública está frenando su actividad y advierten de que el retraso en la formación de gobierno ya tiene consecuencias económicas para la región.

La Federación Regional de la Pyme de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) asegura que la actual situación institucional está provocando que no estén saliendo proyectos a licitación, ni en obra civil ni en edificación, "a pesar de la gran necesidad de viviendas tanto para venta como para alquiler".

Temor a un aluvión de licitaciones

El sector advierte además de que la acumulación de proyectos podría generar un problema añadido cuando se constituya el nuevo Ejecutivo regional. Según Pymecon, es posible que numerosas obras salgan a concurso al mismo tiempo, lo que dificultaría que las empresas extremeñas dispongan del tiempo necesario para analizar las ofertas.

A esta situación se suma, según la organización empresarial, que muchos proyectos salen a licitación con precios ya desactualizados, por lo que reclaman que se ajusten a los costes reales del mercado.

Caída de la actividad y subida de costes

Las empresas constructoras también alertan de que la actividad se ha visto afectada en los últimos meses por otros factores. Pymecon calcula que la producción en las obras ha registrado una reducción aproximada del 40% durante dos o tres meses, debido principalmente a las condiciones climatológicas adversas.

Además, el sector señala el encarecimiento de los materiales de construcción, una tendencia que vincula en parte a los conflictos bélicos internacionales, que están tensionando los mercados.

Entre los factores que han afectado al sector mencionan también la eliminación de la bonificación del 4% en las tasas de dirección de obra.

Llamamiento a un acuerdo político

En este contexto, Pymecon valora el decreto ley aprobado el pasado 13 de marzo por la Junta de Extremadura para adaptar el funcionamiento de un Ejecutivo en funciones a las necesidades de la administración autonómica.

La norma, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de garantizar la actividad ordinaria de la Junta y evitar que una interpretación rígida de la legislación limite la prestación de servicios públicos esenciales.

No obstante, la patronal insiste en que esta medida no sustituye la necesidad de alcanzar un acuerdo político estable que permita formar gobierno en la región y reactivar plenamente la actividad económica.

Pymecon reclama por ello "altura de miras" a los representantes políticos para evitar que la actual interinidad institucional se prolongue y termine agravando la situación económica de Extremadura.