Extremadura lidera el rechazo de nueve autonomías al plan del Gobierno para restringir la caza de la codorniz

La Junta de Extremadura, junto a otras ocho comunidades autónomas, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para mostrar su rechazo a la postura del Gobierno central sobre la posible restricción de la caza de la codorniz común (Coturnix coturnix), al considerar que se plantea sin un criterio científico claro.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo extremeño, está firmada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y por los responsables de este ámbito en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

En la misiva, las comunidades firmantes piden al Ministerio que reconsidere su posición y elimine o revise aquellas medidas que, a su juicio, supongan “restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas” sobre la actividad cinegética y sobre la capacidad de gestión de las autonomías.

Asimismo, reclaman que no se traslade ante otros órganos de la Administración General del Estado ni ante las instituciones europeas la idea de que existe un consenso autonómico sobre estas limitaciones, ya que, según sostienen, ese acuerdo “no concurre en los términos en que se ha venido expresando”.

Los gobiernos autonómicos también solicitan al MAPA un marco de trabajo “verdaderamente cooperativo” con las comunidades y defienden que la posición española en instancias nacionales y europeas tenga en cuenta “la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética” y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias.

Aumento de la burocracia

En el escrito, los firmantes consideran improcedente atribuir un respaldo general a propuestas que, en la práctica, podrían traducirse en más restricciones para la caza, un aumento de la burocracia para cazadores, titulares de cotos y administraciones, y cambios en las órdenes generales de veda y en los regímenes de aprovechamiento vigentes en cada territorio.

De forma concreta, muestran su “seria preocupación” por medidas como la introducción de mecanismos automáticos de restricción vinculados a variables climatológicas generales, la reducción adicional de jornadas hábiles, la imposición de nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el país, así como la implantación acelerada de sistemas de control, reporte y seguimiento que, según apuntan, no han sido suficientemente contrastados desde el punto de vista técnico, competencial y administrativo.

Las comunidades subrayan además que la gestión cinegética, y en particular la de especies como la codorniz, debe abordarse desde una perspectiva “rigurosa, territorializada y proporcionada”, respetando el reparto competencial y las diferencias ecológicas y socioeconómicas entre territorios.

Pese a sus críticas, los firmantes reiteran su compromiso con una gestión responsable y sostenible, basada en datos y compatible con la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los usos tradicionales y del tejido social y económico ligado al medio rural.

En el caso de Extremadura, la Junta considera que la posición del Ministerio resulta “profundamente lesiva” para el sector cinegético regional y para las economías rurales vinculadas a la media veda. Según sostiene la Administración autonómica, esta postura pone en riesgo años de trabajo contra la despoblación y puede favorecer, además, una interpretación errónea de la directiva europea de aves, al obviar estudios científicos que, según defiende, avalan la caza sostenible de la codorniz y de otras especies.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confía en que el Estado no permita que “un exceso de protección medioambiental sin justificación técnica” termine convirtiéndose en un freno para el desarrollo económico de los pueblos extremeños, según informa la Junta en nota de prensa.