UCE Extremadura avisa de más inspecciones de Hacienda sobre viviendas y alquileres

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha advertido de que la Agencia Tributaria intensificará este año las inspecciones relacionadas con la vivienda y los alquileres, especialmente los turísticos gestionados a través de plataformas digitales, según recoge el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026. Entre los aspectos que estarán bajo control destacan la correcta declaración de las ganancias obtenidas por la venta o alquiler de viviendas, así como la verificación de los costes y gastos asociados a estas operaciones.

En concreto, Hacienda analizará con mayor rigor la valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan estructuras societarias que puedan influir en el precio declarado. También se pondrá el foco en determinadas prácticas empresariales vinculadas al sector, como la subcontratación abusiva o los gastos financieros, elementos que el fisco revisará para comprobar si se están utilizando de forma correcta a efectos fiscales.

Control de intermediarios y alquileres turísticos

El plan de la Agencia Tributaria incluye asimismo un mayor seguimiento de la actividad de intermediación en el mercado de la vivienda. En este sentido, Hacienda reforzará el control sobre las comisiones que cobran agencias inmobiliarias u otros intermediarios en la compra, venta o alquiler de inmuebles. El objetivo es comprobar que estas cantidades se declaran correctamente y que las operaciones cumplen con las obligaciones fiscales correspondientes.

Uno de los ámbitos donde se prevé un mayor número de actuaciones es el de los arrendamientos de viviendas gestionados a través de plataformas digitales. Hacienda pretende verificar que los propietarios declaran correctamente los ingresos obtenidos por este tipo de alquileres. El plan también contempla revisar casos en los que un inmueble se declara como alquiler de vivienda habitual, pero en la práctica se explota como arrendamiento temporal o turístico.

Desde la UCE Extremadura recuerdan que los propietarios deben declarar todos los rendimientos obtenidos por el alquiler de inmuebles y recomiendan revisar la situación fiscal para evitar posibles sanciones o regularizaciones por parte de la Agencia Tributaria.

Un mercado ya sometido a nuevos controles

La intensificación de las inspecciones coincide con un refuerzo del control estatal sobre el alquiler de corta duración que ya ha tenido efectos en Extremadura. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), la comunidad ha perdido 270 pisos turísticos y alojamientos de temporada después de que sus solicitudes de registro fueran anuladas por no cumplir los requisitos legales.

Estas anulaciones forman parte de una actuación a escala nacional que ha obligado a las plataformas digitales a retirar anuncios de viviendas sin el número de registro obligatorio. En total, el Ministerio ha ordenado la retirada de 86.275 alojamientos turísticos y temporales en España.

El nuevo sistema está en vigor desde julio, cuando se implantó el registro obligatorio de alquileres de corta duración, que exige a los propietarios disponer de un código oficial para poder anunciar sus viviendas en plataformas digitales.

Impacto en Cáceres y Badajoz

Aunque el Ministerio no ha detallado el reparto por municipios, el impacto del nuevo registro se ha dejado sentir especialmente en Cáceres y Badajoz, donde se concentra buena parte de la oferta turística de la región.

En Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, el crecimiento de los pisos turísticos ha sido especialmente visible en el casco histórico y su entorno. En Badajoz, donde el alquiler turístico se ha vinculado tanto a estancias de corta duración como a eventos culturales, comerciales e institucionales, el nuevo sistema también ha obligado a numerosos propietarios a regularizar su situación para poder seguir operando en las plataformas.

Menor impacto que en otros destinos turísticos

Con 270 solicitudes revocadas, Extremadura se sitúa entre las comunidades con menor número de anulaciones en el país. Andalucía encabeza el ranking con 21.872 registros denegados, seguida de la Comunitat Valenciana (14.387), Canarias (13.726) y Cataluña (13.350). Madrid ha contabilizado 5.893.

En el conjunto de España se han presentado 412.253 solicitudes de registro, de las cuales el 78% correspondían a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada.

Aunque el impacto ha sido menor que en los grandes destinos turísticos, los datos confirman que el control del alquiler de corta duración también ha alcanzado a Extremadura, en un escenario de mayor vigilancia sobre el uso de la vivienda y su tributación.