El carburante ahoga al transporte escolar extremeño: "No aguantaremos más de 2 o 3 semanas"

La escalada del precio de los carburantes que se ha desatado con el conflicto en Irán golpea con fuerza al sector del transporte. En el caso del transporte de viajeros, y especialmente del escolar, el impacto es aun mayor, ya que las empresas apenas disponen de margen para trasladar ese sobrecoste al precio de buena parte de sus servicios. «El transporte en general está sufriendo mucho, pero en el de viajeros específicamente el problema es mucho más grave», afirma Nerea Carpintero, portavoz de Empresas de Transporte Asociadas (Etransa), un colectivo que reúne a en torno a medio centenar de firmas extremeñas de este sector.

Quienes operan con mercancías, arguye, «cuando el combustible les sube como está subiendo ahora, pueden repercutirlo en el precio que cobran». De esta manera, es «el destinatario final quien asume un servicio más costoso» y quien soporta, al menos en parte, «el coste añadido». Sin embargo, estas empresas de viajeros afrontan el hándicap añadido de que «muchos de los contratos son administrativos, como sucede, por ejemplo, en el transporte escolar». Y en este caso, por ley, «no se puede revisar el precio», con lo que es el empresario el que tiene que absorber el encarecimiento.

Si ya de por sí, añade la portavoz de Etransa, estos contratos «son problemáticos» y normalmente se cierran con unos precios «muy ajustados», con el gasóleo por las nubes, como está ahora, se convierten en «ruinosos. Estamos trabajando a precios de años anteriores y no podemos repercutir nada de esta subida, con lo cual trabajamos a pérdidas».

Un 60% de los costes, en gasoil

Alrededor de un 60% de los costes de funcionamiento de estas empresas, estima Carpintero, se lo lleva el desembolso en carburante. Lo que de momento les salva, detalla, es que «el poco beneficio que podemos sacar con el discrecional» sirve para cubrir el déficit de los contratos con la Administración. No obstante, avanza, «va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder asumir todo esto, porque lo que estás ganando por un lado lo estás perdiendo por otro».

Un límite que, «como esto continúe como hasta ahora», puede llegar en «15 días o 3 semanas». A partir de ese momento, adelanta, si la situación no varía, «habrá que tomar decisiones» y «dejar de prestar el servicio en estas condiciones. Y si la Administración no puede sacarlo en otras, pues no se podrá prestar», avanza.

Este viernes está previsto que el Consejo de Ministros extraordinario apruebe una serie de medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra. Entre ellas, algunas que «hemos propuesto desde las distintas asociaciones del sector del transporte a nivel nacional para paliar el efecto que está causando la subida de los carburantes», reconoce. Sin embargo, apostilla, para el transporte de viajeros «son solo pequeños parches, porque para nosotros el peligro es más grave». A su juicio, se debería permitir temporalmente una «exención del cumplimiento de la ley que nos prohíbe revisar el precio de los contratos (la de desindexación de la economía española, de 2015)». Eso permitiría que, mientras dure este ascenso del carburante, «se pudieran revisar los precios y adecuarlos porcentualmente a lo que deberían tener en función del precio del combustible».