La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos

La Junta de Extremadura abonará este mes de marzo el segundo pago del incremento salarial del 2% correspondiente a 2020 que seguía pendiente para los empleados públicos de la comunidad. La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha avanzado que esta cantidad se incluirá en la nómina de marzo.

Manzano ha defendido que el Ejecutivo autonómico cumple con los compromisos adquiridos y ha subrayado que este segundo abono llega dentro del plazo acordado en la Mesa General de Negociación del 4 de diciembre de 2024.

El origen de la deuda salarial

El origen de esta deuda se remonta a 2020, cuando la Junta acordó aplicar un incremento retributivo del 2% con efectos desde el 1 de diciembre de ese año sobre conceptos como el sueldo, los trienios y el complemento de destino. Sin embargo, dejó pendiente la retroactividad correspondiente a los meses de enero a noviembre, al supeditar ese pago a futuras negociaciones y al equilibrio presupuestario.

Esa decisión provocó que los empleados públicos extremeños no percibieran en su momento la subida completa de 2020. Ya en 2024, la Junta y los sindicatos pactaron cuantificar esas pérdidas retributivas y establecer un calendario de pago en tres fases.

Un pago aplazado en tres entregas

En esa mesa se pactó que la deuda pendiente con los empleados públicos extremeños se saldaría en tres entregas. El primer pago se realizó en abril de 2025, el segundo se efectuará ahora en marzo de 2026 y el tercero quedará para el primer cuatrimestre de 2027.

A quién afecta el abono

La consejera ha recordado que este pago llegará al conjunto de los empleados públicos de la región, entre ellos el personal de la Administración General, el Servicio Extremeño de Salud (SES), los docentes y la Universidad de Extremadura.

Este segundo desembolso supondrá una cuantía de 8 millones de euros.

La Junta reivindica que corrige un agravio

Manzano ha señalado que el Gobierno extremeño sigue una "hoja de ruta negociada y responsable" para hacer frente a una deuda arrastrada desde hace años. Según ha indicado la consejera, este calendario busca resolver de forma progresiva una situación que, a juicio del Ejecutivo, había generado un agravio para los empleados públicos de Extremadura desde 2020.