Extremadura reclama en el Senado 201 millones al Gobierno central para financiar al 50% la dependencia

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha reclamado este martes en el Senado el cumplimiento de la ley en la financiación de la dependencia y ha cifrado en 201 millones de euros la cantidad que, según ha afirmado, adeuda el Estado a la comunidad en 2025 en materia de dependencia.

García Espada ha reclamado al Gobierno central el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución y ha exigido la misma financiación para los ciudadanos extremeños en materia de dependencia que la que reciben residentes de otras comunidades autónomas.

Durante su intervención, la responsable autonómica ha sostenido que no acudía a la Cámara Alta "a pedir favores ni a negociar privilegios", sino a exigir el cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo central. En ese marco, situó el debate en términos de igualdad de trato entre territorios y de sostenibilidad del sistema público de atención a la dependencia en una comunidad como Extremadura, especialmente marcada por el envejecimiento de la población.

La consejera ha denunciado que las decisiones anunciadas por el Gobierno respecto a la financiación del 50% del sistema de dependencia en País Vasco y Cataluña suponen, a su juicio, "una desigualdad institucionalizada" que Extremadura no está dispuesta a asumir. Según ha expuesto, en la actualidad la aportación estatal en la región apenas alcanza el 25% del coste, lo que obliga a la comunidad autónoma a sufragar tres de cada cuatro euros destinados a este servicio.

Una reclamación de 201 millones en 2025

En su comparecencia, la titular extremeña de Salud y Servicios Sociales ha insistido en reclamar 201 millones de euros que, según la Junta, corresponden a la financiación estatal de la dependencia en 2025 y que actualmente está asumiendo la administración autonómica para garantizar la atención a las personas beneficiarias.

La consejera ha defendido que ese esfuerzo presupuestario se está realizando en un momento de máximo compromiso financiero de la comunidad con el sistema. En ese sentido, ha vinculado ese refuerzo al "récord histórico" de presupuesto del SEPAD, que, según ha indicado, refleja la apuesta del Ejecutivo de María Guardiola por consolidar los servicios públicos y mejorar la vida de los extremeños.

El mensaje de la Junta es que la comunidad no discute su obligación de sostener el sistema, pero sí rechaza tener que hacerlo en mayor proporción que la prevista en la normativa. La responsable autonómica ha recordado que la ley fija que la aportación del Estado debe ser equivalente a la de las comunidades autónomas, un equilibrio que, según sostuvo, no se está cumpliendo en el caso extremeño.

Más presión por el envejecimiento en Extremadura

La consejera ha subrayado además que Extremadura es una de las regiones más afectadas por el envejecimiento demográfico, una realidad que anticipa un aumento de la demanda de cuidados de larga duración en los próximos años. Ese factor, ha añadido, hace todavía más relevante que el sistema cuente con una financiación suficiente y estable.

Desde la perspectiva de la Junta, la insuficiencia de recursos estatales no solo genera una carga añadida para las cuentas autonómicas, sino también incertidumbre sobre la capacidad futura de respuesta en un ámbito especialmente sensible para miles de familias extremeñas. La intervención en el Senado ha buscado, en ese contexto, elevar la presión política sobre el Gobierno central y colocar la cuestión de la justicia territorial en el centro del debate.

Balance de gestión desde 2023

Junto a la reclamación económica, la consejera ha detallado algunos de los resultados alcanzados por el sistema extremeño de dependencia desde 2023. Entre ellos, ha destacado la concesión de 5.842 nuevas prestaciones, la incorporación de 3.230 nuevos beneficiarios, 25 meses consecutivos de reducción de las listas de espera y una disminución de 79 días en los tiempos de resolución respecto a 2023.

Según ha afirmado, esa evolución ha permitido situar a Extremadura por debajo de la media nacional en tiempos de tramitación. La responsable autonómica ha presentado estos datos como resultado del compromiso del Gobierno regional con la mejora del sistema y con la atención a las personas dependientes.

A partir de ese balance, ha defendido que la comunidad está haciendo un esfuerzo de gestión y financiación que, a su juicio, debería verse acompañado por un mayor respaldo del Estado. "No cesará hasta conseguir justicia territorial", ha reiterado, en referencia a la posición que mantiene el Ejecutivo extremeño.

"Una vida con esperanza"

En la parte final de su intervención, la consejera ha señalado que el aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de una vida "con esperanza", y ha sostenido que los ciudadanos confían en sus comunidades autónomas para garantizar derechos básicos como la atención a la dependencia.

Frente a ello, ha criticado la falta de respuesta del Gobierno central en un asunto que ha calificado de esencial. La Junta considera que esa ausencia de respuesta mantiene abierta la incertidumbre sobre la financiación futura del sistema y obliga a regiones como Extremadura a sostener con recursos propios una parte del coste que, según su interpretación de la ley, debería asumir el Estado.