El futuro de Almaraz, clave en el pulso entre PP y PSOE por el decreto anticrisis

En plena espera por conocer si el estudio del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear da el visto bueno a la próroga de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo primer reactor se desconcetará en 2027 y el segundo en 2028, según el calendario actual, el Partido Popular ha trasladado al Gobierno sus exigencias para aprobar al decreto anticrisis ante los efectos de la guerra en Irán, en un movimiento que vuelve a situar a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en el foco de la política energética nacional.

En una carta firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los populares valoran algunas de las rebajas fiscales incluidas en el texto, aunque consideran que el conjunto de medidas resulta "insuficiente" para afrontar la actual situación económica.

Fiscalidad y familias

El PP ha señalado que el decreto recoge propuestas que hasta ahora el Gobierno había rechazado, como la reducción del IVA al 10% en combustibles, electricidad y gas, así como otras medidas vinculadas al sector energético y al transporte.

Sin embargo, advierte de que el texto no contempla una actualización de los parámetros del IRPF, lo que, a su juicio, supone "una subida encubierta de impuestos" que afecta especialmente a las clases medias y a las familias con hijos.

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En este contexto, la formación ha defendido la necesidad de incorporar cambios que garanticen una respuesta más amplia y estructural a la crisis, al tiempo que ha planteado que algunas de las medidas energéticas tengan carácter permanente.

El papel de Almaraz

Uno de los puntos centrales de la misiva ha sido el rechazo al calendario de cierre de las centrales nucleares. El PP sostene en su carta que el decreto actual redactado por el Gobierno "contradice" el objetivo de reforzar la seguridad energética, al abrir la puerta a avanzar en el desmantelamiento de estas instalaciones, que aportan el 20% de la energía que consume el país.

Este debate tiene especial impacto en Extremadura, donde la central de Almaraz se ha convertido en un elemento clave tanto para el empleo como para el suministro eléctrico. Además, se trata de la primera central incluida en el calendario de cierre nuclear previsto en España, una circunstancia que ha intensificado el foco político y territorial sobre su futuro en los últimos meses.

Los populares defienden que mantener operativas estas plantas resulta imprescindible para garantizar una energía estable y descarbonizada, e insisten en que una política energética "sensata" pasa por prolongar la vida útil de las nucleares.

En concreto, los populares no ven coherente que el objetivo del decreto de "hacer la economía española más resistente frente a futuros shocks energéticos", ya que, para el PP, la disposición final habilita al Gobierno "para declarar nudos de transición justa adicionales en los emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre", lo que supone un apoyo implícito al calendario del apagón nuclear.

Por ello, consideran que no es posible afirmar que se quiere garantizar la seguridad de suministro y, simultáneamente, "mantener activo un plan que eliminará progresivamente la fuente de generación más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español".

Control del gasto y comunidades autónomas

El PP también ha alertado de que la disposición final del decreto podría permitir "obviar el control parlamentario" sobre determinadas partidas de gasto público, especialmente en ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Según ha señalado, esta situación abriría la puerta a ampliar determinadas prestaciones sin un límite claro de cuantía, lo que ha generado críticas por parte de la formación.

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Asimismo, ha considerado "imprescindible" que se consulte a las comunidades autónomas, ya que asumirán el 50% del impacto de las rebajas fiscales planteadas. En este sentido, ha reclamado abrir un proceso de diálogo durante el periodo de vigencia del decreto.

El texto estará en vigor durante 30 días, un plazo que, según el PP, permite introducir modificaciones y negociar cambios que den respuesta tanto a las necesidades económicas como a la planificación energética del país, con Almaraz como uno de los puntos decisivos en ese debate.