Informe anual
Las reclamaciones al Defensor del Pueblo repuntan en Extremadura y marcan el mayor crecimiento nacional
El Defensor del Pueblo constata un aumento generalizado de las quejas en 2025, con Extremadura liderando el incremento, y señala la Justicia, la Seguridad Social y la vivienda como principales focos de preocupación

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entrega el Informe anual 2025 de la institución a la presidenta del Congreso Francina Armengol. / Jesús Hellín / Europa Press
L. L.
El número de quejas presentadas al Defensor del Pueblo ha crecido en 2025 en casi todas las comunidades autónomas, con Extremadura a la cabeza del incremento, al registrar 579 reclamaciones, frente a las 439 del año anterior, lo que supone una subida del 31,89%, la más alta del país.
Según el informe anual de la institución, el aumento ha sido generalizado, aunque con especial intensidad también en Galicia (21,04%) y Asturias (19,28%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde el incremento ha sido aún mayor.

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Más quejas en un contexto de malestar social
En conjunto, el Defensor del Pueblo ha recibido 38.144 quejas en 2025, 3.742 más que el año anterior, en un contexto que la institución vincula a factores como el desasosiego social, la mayor accesibilidad para presentar reclamaciones o incluso el apoyo de la inteligencia artificial en la tramitación.
Las principales preocupaciones de los ciudadanos se han centrado en ámbitos como la Justicia, la Seguridad Social, el empleo, las migraciones, la sanidad o la educación, con problemas que, según el informe, se repiten año tras año.
Vivienda, listas de espera y retrasos administrativos
Entre las cuestiones más señaladas destacan las dificultades de acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, así como los casos de personas en riesgo de desahucio. También persisten las quejas por las listas de espera sanitarias, las dilaciones judiciales, los retrasos en la homologación de títulos extranjeros o los problemas para obtener citas administrativas, especialmente en extranjería y nacionalidad.
El informe subraya además deficiencias en ámbitos sensibles como la falta de personal sanitario en prisiones, las condiciones de atención a personas migrantes o las dificultades en el acceso al empleo público, con denuncias por falta de transparencia o paralización de procesos.
En materia social, también preocupa la gestión del ingreso mínimo vital, donde se han detectado reintegros que pueden resultar desproporcionados, así como los retrasos en la dependencia, que en ocasiones se resuelve cuando la situación del solicitante ya ha empeorado.
Menores, educación y violencia
El Defensor ha recomendado realizar un estudio sobre el riesgo de explotación sexual en centros de menores tutelados, tras detectar carencias en protocolos de detección y actuación.
En el ámbito educativo, ha advertido de que los protocolos contra el acoso escolar no siempre se activan de forma ágil y que muchas veces lo hacen tras la insistencia de las familias.
Incendios y medio ambiente
Tras la oleada de incendios de 2025, que afectó notablemente a Extremadura, con su peor verano y el mayor fuego desde que existen datos (Jarilla), la institución ha reclamado medidas más eficaces de prevención y control, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal, y ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones.

Jorge Valiente
Además, ha recibido numerosas solicitudes relacionadas con la protección del medio ambiente, incluyendo peticiones de recurso contra cambios normativos que afectan al lobo ibérico.
El informe recuerda que el origen de las quejas responde al domicilio de los ciudadanos que las presentan, por lo que no siempre existe una relación directa entre los problemas denunciados y el territorio.
Aun así, los datos reflejan que las comunidades más pobladas, como Madrid, Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana, concentran más de la mitad de las reclamaciones, aunque el crecimiento más intenso se ha producido en regiones como Extremadura, donde el aumento evidencia una mayor presión sobre los servicios públicos o una mayor activación ciudadana.
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