Unidas por Extremadura pide más recursos ante una región "a la cola" en protección animal

a portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha instado a la Junta y a las administraciones locales a reforzar su compromiso con la protección animal en la comunidad. Lo ha hecho tras un encuentro con representantes de la Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntarios/as de Protección Animal (ProAnimalEx).

De Miguel ha asegurado que Extremadura se encuentra "a años luz" de otros territorios en esta materia y ha recordado que la región figura entre las que presentan mayor tasa de abandono animal.

Críticas a la falta de recursos

Durante su intervención, la dirigente ha reconocido el papel de las asociaciones y del voluntariado, que, según ha señalado, desarrollan su labor "de manera gratuita, voluntaria y a coste 0". Un esfuerzo que, en su opinión, corresponde a las administraciones públicas.

"Deberían asumir competencias propias como proteger a los animales del maltrato y del abandono", ha afirmado. En este sentido, ha reclamado financiación a la Junta de Extremadura y a las diputaciones de Cáceres y Badajoz para que los ayuntamientos puedan ejercer esas funciones.

Comparativa presupuestaria

De Miguel también ha cuestionado el reparto del gasto público en la región. Ha criticado que existan partidas destinadas a la tauromaquia y la caza, mientras que, según ha indicado, "para la protección animal las cantidades que hay son 0 euros".

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Una situación que ha calificado de "injusta" y que, a su juicio, sitúa a Extremadura lejos de los estándares de otras comunidades autónomas e incluso de otros países. "Creo que deberíamos asemejarnos más a lo que se hace fuera", ha añadido.

La portavoz ha concluido que "es una vergüenza que Extremadura esté a la cola en protección animal".

El papel de ProAnimalEx

La Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntarios/as de Protección Animal (ProAnimalEx) agrupa a más de 60 asociaciones y colectivos presentes en más de 45 municipios de la región.

Según los datos facilitados, cuenta con más de 80 personas voluntarias —en su mayoría mujeres— y más de 600 socios. Su actividad se concentra principalmente en el ámbito rural, especialmente en localidades de menos de 10.000 habitantes, donde la falta de recursos públicos es más acusada.