La plantilla de LEDA denuncia subcontratas irregulares en los autobuses de Extremadura a Sevilla

La plantilla de la empresa extremeña LEDA ha denunciado supuestas "subcontratas irregulares" en la línea de autobuses Villanueva de la Serena-Sevilla y exige a la Junta de Extremadura que intervenga realizando las inspecciones pertinentes. Los trabajadores se han reunido este lunes con los diputados de Unidas por Extremadura, a quienes han trasladado esta problemática.

Según afirman, la concesión estatal se está prestando por parte de la empresa con autobuses y conductores de otras compañías, mientrs siete empleados siguen sin nómina, sin poder trabajar y en varios casos, de baja por ansiedad. "Somos una empresa de autocares sin autocares", ha afirmado el representante de los trabajadores, José Luis García.

Problemas económicos

Los problemas económicos de la empresa vienen de meses atrás, pero se agravaron a finales de enero, cuando expiraron varios contratos de renting y LEDA tuvo que devolver parte de su flota.

A partir de ese momento, según la versión trasladada por la plantilla, la desaparición progresiva de los vehículos propios ha ido reduciendo también la capacidad de trabajo de los conductores, que solo pueden prestar servicio con autobuses de la empresa.

Sin flota propia y con bajas por ansiedad

La consecuencia, sostienen los empleados, ha sido una pérdida de actividad que ha terminado afectando de lleno tanto a sus ingresos como a su salud laboral. García ha señalado que varios trabajadores se encuentran de baja por ansiedad después de meses de incertidumbre, rotaciones cada vez más frecuentes y una reducción de retribuciones vinculadas a la actividad diaria.

Entre esos conceptos, la plantilla cita los pluses por dietas o por conductor perceptor, cantidades que complementaban el salario base y que, según los afectados, han ido desapareciendo al mismo ritmo que los autobuses de la empresa dejaban de operar.

Los trabajadores elevan además el tono de la denuncia al sostener que el servicio de la línea estatal Villanueva de la Serena-Sevilla se estaría cubriendo mediante una subcontratación que califican de irregular y que no habría sido comunicada en los términos exigibles.

Petición a la Junta y al Ministerio

La reclamación se dirige de forma directa a la Junta de Extremadura, a la que solicitan que actúe en el marco de sus competencias de inspección del transporte por carretera. La plantilla entiende que la Consejería de Transportes debe comprobar en qué condiciones se está prestando el servicio dentro de la región y si se ajusta a la concesión vigente.

Al respecto, el diputado José Antonio González Frutos, ha señalado que Unidas por Extremadura quiere conocer si la Administración autonómica está ejerciendo labores de inspección sobre todo el servicio de transporte por carretera en la comunidad y si el Estado tiene constancia de las condiciones reales en las que se explota esta ruta.

Dudas sobre el cumplimiento de la concesión

González Frutos ha ido más allá y ha reclamado al Gobierno central que "asuma" que el servicio regular, según la denuncia recibida, no se está prestando "ajustado a las condiciones de la concesión". A partir de ahí, ha planteado distintos escenarios: desde la imposición de sanciones hasta la retirada de la concesión, pasando por la posibilidad de un nuevo contrato de emergencia si se acreditara un incumplimiento.

"A día de hoy, este servicio se está prestando en un régimen de subcontratación ilegal, no comunicado por parte de otras empresas y no por la empresa adjudicataria del servicio con unas matrículas de servicios discrecionales de otras empresas", ha asegurado el diputado, que ha considerado que esta situación "no se puede mantener".

Siete trabajadores afectados

La dimensión laboral del conflicto afecta, según los denunciantes, a siete trabajadores que se encuentran sin nómina. Junto a la reclamación de inspecciones, la plantilla y la formación política han pedido una salida que permita proteger esos empleos y aclarar el futuro inmediato de la concesión.

Al mismo tiempo, ambas partes han reclamado "garantías" para los viajeros que utilizan esta conexión entre Extremadura y Andalucía. La preocupación, sostienen, no se limita al conflicto interno de la empresa, sino también a las condiciones en las que se presta un servicio público que conecta varias localidades extremeñas con Sevilla.