El empresariado extremeño carga contra el registro horario digital y pide a Trabajo que lo retire

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) reclama al Ministerio de Trabajo y Economía Social que paralice la tramitación del nuevo registro horario digital después del dictamen desfavorable emitido por el Consejo de Estado sobre la reforma impulsada por el departamento de Yolanda Díaz. La patronal extremeña considera que ese informe, aunque no es vinculante, anticipa un escenario de conflicto jurídico si el Gobierno mantiene el texto en sus términos actuales.

El registro de jornada ya es obligatorio en España desde 2019, por lo que las empresas deben anotar cada día la hora concreta de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador y conservar esos datos a disposición de la plantilla, sus representantes y la Inspección de Trabajo. Lo que pretende ahora Trabajo no es crear desde cero esa obligación, sino endurecerla y cambiar su formato para que el sistema sea digital, objetivo y verificable en tiempo real.

En la práctica, el llamado registro horario digital supondría que el fichaje deje de depender de sistemas manuales o fácilmente alterables y pase a realizarse por medios digitales con acceso remoto automático para cada trabajador, para los representantes sindicales y para la Inspección de Trabajo.

Además, el proyecto busca que sean los propios empleados quienes realicen los apuntes, que queden registradas tanto las jornadas ordinarias como las extraordinarias, flexibles o complementarias, y que esos datos no puedan modificarse sin el consentimiento del trabajador.

Las quejas

Sobre esa base, el secretario general de Creex, Javier Peinado, sostiene que el informe del Consejo de Estado desmonta el planteamiento del ministerio. A su juicio, la norma utiliza la vía reglamentaria para imponer nuevas obligaciones que deberían abordarse mediante una ley, elude el diálogo con los agentes sociales, carece de una memoria económica suficiente y añade costes, burocracia y rigidez a empresas que, en muchos casos, no tienen capacidad técnica para asumir ese cambio.

Peinado incide especialmente en el impacto que tendría la medida sobre pymes y microempresas, al entender que no distingue entre tamaños ni sectores y que puede resultar de muy difícil cumplimiento en determinadas actividades. También advierte de posibles choques con la normativa de protección de datos y recuerda que la CEOE ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales si el Gobierno sigue adelante con el proyecto tal y como está redactado.

El refuerzo del registro horario formaba parte inicialmente del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero el Ministerio de Trabajo decidió continuar con esta reforma por separado tras la caída parlamentaria de aquella iniciativa. Pese al revés del Consejo de Estado, Trabajo ha insistido en que quiere mantener un modelo digital y accesible en remoto con el argumento de combatir las horas extra no pagadas y facilitar el control de la jornada.