Extremadura destina más de 10,2 millones de euros en 2026 a servicios para personas con discapacidad

Extremadura eleva hasta los 10.260.000 euros la financiación de los servicios dirigidos a personas con discapacidad en 2026. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro, una línea con la que el Ejecutivo autonómico busca sostener recursos esenciales de la red asistencial en un contexto marcado por el alza de costes y la presión sobre los servicios sociales especializados.

La portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que esta convocatoria permitirá garantizar un total de 798 plazas en recursos municipales. La cuantía crece además un 21% con respecto a 2025, con 1,8 millones de euros más, una subida que, según ha detallado, responde al aumento de precios en los gastos de funcionamiento y a los incrementos salariales del sector.

Más fondos para sostener la red

La nueva convocatoria se dirige a subvencionar los servicios sociales especializados definidos en el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura. En concreto, las ayudas financiarán residencias de apoyo extenso o generalizado, residencias de apoyo intermitente o limitado y viviendas tuteladas.

La Junta plantea esta línea como un refuerzo directo a una red que considera básica para garantizar la atención a personas con discapacidad que precisan apoyos continuados. El objetivo no pasa solo por mantener recursos ya operativos, sino también por dar margen a la creación de nuevas plazas o servicios allí donde sea necesario.

Garantizar plazas y atender la espera

Según ha señalado el Ejecutivo regional, esta medida permite "garantizar la financiación de la prestación de servicios dirigidos a personas con discapacidad", tanto mediante el mantenimiento de plazas ya existentes como a través de la creación de otras nuevas. La finalidad, añade, es asegurar por un lado la continuidad de la atención que precisan las personas usuarias y, por otro, facilitar el acceso a estos recursos a quienes permanecen en las listas de espera gestionadas por el SEPAD.

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Ese es uno de los ejes del acuerdo aprobado este martes: sostener la atención que ya se presta y evitar que el aumento de costes termine debilitando una red asistencial que depende en buena medida de la colaboración entre la Administración, los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro.

Una subida del 21%

El aumento presupuestario se convierte en uno de los datos centrales de la convocatoria. La partida sube hasta los 10,2 millones de euros, un 21% más que en 2025. La Junta justifica ese esfuerzo en el encarecimiento de los gastos de funcionamiento y en la evolución de los salarios del sector, dos factores que han elevado la presión económica sobre estos servicios.