Apenas hay 1.200 cuidadores familiares de alta en la Seguridad Social en Extremadura pese a que lo abona el gobierno

Pese al cambio social, siguen siendo las familias y especialmente las mujeres las que se encargan del cuidado de las personas dependientes de su entorno. Un total de 7.344 extremeños dependientes reciben una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar dentro de la Ley de Dependencia, de los que se encarga principalmente mujeres de la familia (en el 87,2% de los casos). Son denominadas cuidadores no profesionales, la mayoría tienen entre los 50 y los 65 años y se encargan de sus padres y madres. Sin embargo, apenas son 1.200 las cuidadoras no profesionales o familiares que están dadas de alta en la Seguridad Social a pesar de que la cuota la paga el Gobierno central.

La prestación del cuidador no profesional es una de las posibilidades que contempla la Ley de Dependencia, al igual que las plazas en residencias o la ayuda a domicilio. Su valor reside en que es una persona cercana al dependiente (no tiene por qué ser familiar siempre) que aunque carezca de formación geriátrica o sanitaria sabe cómo tratarle y permite que su vida se siga desarrollando en el entorno familiar. Para sufragar el coste a los dependientes se les asigna una prestación vinculada a los cuidados en el entorno familiar.

Hasta el año 2012, el Gobierno central asumía la cotización de las cuidadoras no profesionales, con un coste de entre 60 y 120 euros en función del grado de dependencia reconocido al familiar que cuidaban. Pero a partir del 2013, con los recortes aplicados a Ley de Dependencia por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy para contener el gasto público, dejó de hacerlo. Desde ese momento, eran las propias interesadas las que debían asumir el coste del alta en el convenio especial para cuidadores no profesionales. Y la gran mayoría optó por no hacerlo y darse de baja ya que al mismo tiempo vieron recortadas las prestaciones un 15%.

En aumento desde 2019

En 2019 el Gobierno socialista recuperó la financiación de las cuotas del convenio especial, en el contexto de una ley que pretende «garantizar» la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y desde entonces el número de cuidadores no profesionales que ha vuelto a generar derechos en la Seguridad Social a coste cero no ha dejado de crecer en Extremadura, aunque todavía está muy lejos de las cifras de hace tres lustros.

De esta forma, si en junio de 2012 eran 4.733 los cuidadores no profesionales que cotizaban a la Seguridad Social en la región (llegó a contar con 8.000 dados de alta en los años previos), en marzo de 2019, ante de entrar en vigor la recuperación de medida, eran apenas 160. Y aunque esa cifra ha ido incrementándose progresivamente desde la vuelta al convenio especial, la realidad es que todavía no se alcanzan el nivel que había en 2012 y son muchas las que siguen sin estar dadas de altas a pesar de que la Seguridad Social corre a cargo del Gobierno central y es gratis para ellas.

En concreto, según los datos de febrero de 2026, son 1.182 las personas inscritas en la región en el convenio especial de cuidados no profesionales de personas en situación de dependencia, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años. Del total, 707 son de la provincia de Badajoz y 475 de la de Cáceres y 1.014, la gran mayoría, son de nacionalidad española. Sin embargo, esas 1.182 cuidadoras no profesionales del convenio especial (es decir, cotizando por parte del Estado) apenas representan el 16% de las 7.344 prestaciones que se abonan en la comunidad para cuidados en el entorno familiar actualmente, según los últimos datos mensuales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Desde abril de 2019 el Estado cubre íntegramente las cuotas de cotización, siempre que las cuidadoras cumplan los requisitos exigidos: no estar dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social a tiempo completo ni percibir prestaciones por desempleo o pensiones. Aun así, la cifra en la comunidad todavía es muy inferior respecto a las beneficiarias potenciales.

Una figura minoritaria

Más allá de las cotizaciones, Extremadura es una de las comunidades con menor porcentaje de cuidadores no profesionales, ya que en los últimos años la gestión de la ley de dependencia se ha basado principalmente en las prestaciones económicas vinculadas al servicio: al usuario se le concede una ayuda económica vinculada a un servicio ya determinado (plaza en residencia, centro de día, ayuda a domicilio...) que él mismo se tiene que encargar de buscar y contratar por su cuenta con una empresa. Según el último informe de gestión publicado por el Imserso, de febrero de 2026, esta es la prestación que tienen asignados casi 19.400 dependientes, el 45% del total frente al 17% de los que tienen prestaciones para cuidados en el entorno familiar.