Extremadura se sitúa entre las CCAA sin paquete autonómico específico aún para amortiguar el impacto de la guerra

Las comunidades autónomas han comenzado a desplegar en los últimos días medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, con iniciativas que en conjunto alcanzan ya los 2.420 millones de euros, según el último recuento difundido este miércoles tras incorporarse la actualización de Castilla y León. En ese mapa, Extremadura figura entre las regiones que todavía no han activado un paquete autonómico específico vinculado directamente a esta crisis.

El escenario es desigual entre territorios. Algunas comunidades han aprobado ya programas amplios de apoyo a empresas, autónomos y sectores productivos, mientras otras, entre ellas Extremadura, se mantienen pendientes de la evolución de la situación y de las medidas adoptadas por el Gobierno central, que la semana pasada anunció un plan estatal cifrado en 5.000 millones de euros.

El grueso de las ayudas

El mayor volumen de recursos corresponde al País Vasco, con 1.047 millones de euros, dentro de un paquete dirigido sobre todo a la industria, las pymes y la protección del empleo. Tras esa comunidad aparecen Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 400 millones de euros cada una, seguidas de Castilla y León, que ha aprobado 287 millones.

También han anunciado medidas propias Galicia, con 150 millones; Baleares, con 84 millones; Navarra, con un plan de choque fiscal de 37 millones; y Murcia, con 10 millones en un primer paquete. En conjunto, las autonomías han ido configurando una respuesta paralela a la del Estado para atender el encarecimiento de la energía, los carburantes y otros costes ligados al conflicto.

La posición de Extremadura

En el caso extremeño, la Junta no ha detallado por ahora un programa autonómico específico ligado a la guerra en Irán. La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, señaló la pasada semana que corresponde al Estado poner sobre la mesa las principales medidas para mitigar el impacto sobre los sectores productivos, al ser la administración con la competencia principal en esta materia.

De este modo, la posición de la Junta ha pasado hasta ahora por situar el foco en la respuesta estatal, en un contexto en el que otras comunidades sí han optado por complementar ese marco general con actuaciones propias.

Qué incluye el plan estatal

El plan aprobado por el Gobierno central contempla 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. Entre ellas figura el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores hasta el 30 de junio.

Estas ayudas buscan contener el impacto de la subida de los precios energéticos y de los carburantes sobre actividades especialmente expuestas al aumento de costes, una situación que preocupa también en comunidades con un fuerte peso del sector primario y del transporte, como ocurre en Extremadura.