La Asamblea de Extremadura convalidará este jueves el decreto que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones

El pleno de la Asamblea de Extremadura convalidará este jueves el decreto-ley pactado por el PP y Vox para suavizar el bloqueo del gobierno en funciones. El texto mantiene la limitación de la actividad de la Junta de Extremadura al despacho de asuntos ordinarios, pero afloja el corsé casi absoluto que impuso la ley aprobada por José Antonio Monago en 2015 para regular la transición entre gobiernos.

Así, más allá de la convocatoria de oposiciones docentes, decisiones que hasta ahora estaban directamente vetadas podrán adoptarse si el Ejecutivo en funciones acredita mediante un informe de necesidad que son urgentes, responden al interés general o resultan necesarias para no perder fondos finalistas.

Subvenciones y convenios

Bajo esta premisa, el texto levanta las prohibiciones que afectaban a la firma de convenios con entidades públicas o privadas que impliquen gasto, los contratos sujetos a regulación armonizada, la concesión de subvenciones directas, la modificación de los puestos de trabajo, el nombramiento de altos cargos y personal eventual o la concesión de honores y distinciones.

El veto de la ley de 2015 sí se mantiene para la aprobación de nuevos proyectos de ley, incluido el de presupuestos; la solicitud de sesiones extraordinarias en la Asamblea de Extremadura; la creación de comisiones delegadas o la modificación de la estructura orgánica de las consejerías. Y aunque se abre la mano con las subvenciones directas, se introduce una excepción expresa: en ningún caso podrán concederse ayudas de este tipo al amparo de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura.

"Desgastar a Guardiola"

La norma se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 14 de marzo y debe ser convalidada por la Asamblea en el plazo de un mes para mantenerse en vigor. Por ello, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha justificado la convocatoria de este pleno extraordinario por "prescripción legal" y ha cargado contra PSOE y Unidas por Extremadura por intentar "enredar" al reclamar que el orden del día incluyera también una sesión de control al Ejecutivo en funciones.

"Mientras el gobierno de María Guardiola trabaja, la oposición ha decidido entorpecer", ha sostenido tras la Junta de Portavoces, antes de reprochar a ambos grupos que planteen cuestiones para las que, según ha dicho, la Junta "no tiene competencia" o que "saben que no se pueden tratar hoy".

Sánchez Juliá ha defendido además que el decreto-ley se ajusta a todas las "prescripciones legales", puesto que la propia Ley de Transición establece esta vía como la única fórmula de la que dispone la Junta para introducir una modificación normativa en funciones. El dirigente popular ha insistido en que la "prioridad" del PP sigue siendo la conformación del nuevo gobierno y ha acusado a la oposición de reclamar ese pleno de control con el objetivo de "desgastar" a María Guardiola a través de asuntos que, en su opinión, "no son de urgencia".

Según ha explicado, la reforma no pretende abrir la puerta a que el Ejecutivo actúe sin límites, sino corregir las limitaciones de la norma vigente para que la Administración pueda seguir respondiendo a los problemas cotidianos. "Lo que hace el Gobierno con esta modificación normativa es tomar medidas para seguir solucionando problemas del día a día", ha afirmado. "No es para que el Gobierno haga lo que quiere, sino para corregir rigideces, todo sujeto a la urgencia y el interés general", ha remachado.

Sin actividad ordinaria

Hay que recordar que la Asamblea de Extremadura sigue sin recuperar su actividad parlamentaria ordinaria al no haberse constituido, desde la disolución de la Cámara en octubre por el adelanto electoral, un gobierno con plenas funciones.

Esa situación impide la celebración de plenos ordinarios y sesiones de control, por lo que el de este jueves quedará limitado a la convalidación del decreto-ley. En esa misma cita tomará posesión además como nueva diputada del PSOE Justa Núñez, que sustituirá a Manuel Borrego tras su renuncia al escaño al haber sido nombrado senador por designación autonómica.

Democracia "secuestrada"

En este contexto, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha denunciado que la democracia está "secuestrada y amordazada" en Extremadura por el "capricho" del PP y Vox, a los que ha acusado de rechazar "sin argumentos" la celebración de un pleno de control sobre un Ejecutivo "en funciones que no funciona".

La dirigente socialista ha calificado de "inadmisible, inédita e indignante" la situación política de la región y ha reprochado a ambos grupos que solo se pongan de acuerdo "cuando quieren y cuando les interesa", como, a su juicio, demuestra la convocatoria de un pleno extraordinario para convalidar un decreto-ley "chapucero". De hecho, ha avanzado que el PSOE se abstendrá en la votación y planteará su tramitación posterior como proyecto de ley.

Álvarez ha insistido además en que PP y Vox están "jugando con el futuro de esta tierra" mientras Extremadura acumula ya 163 días sin normalidad democrática plena. También ha censurado que las negociaciones para un acuerdo de gobernabilidad avancen, a su juicio, con una lentitud injustificable, al recordar que 108 días después de las elecciones del 21 de diciembre ambas formaciones solo habían mantenido una reunión, la del pasado 25 de marzo.

A ello ha sumado sus críticas por la falta de rendición de cuentas de un gobierno en funciones que, pese a su carácter provisional, sigue adoptando decisiones. "Rendir cuentas no es una opción", ha afirmado, antes de reivindicar un pleno de control a la presidenta en funciones, María Guardiola, y a sus consejeros.

"Barbaridad jurídica"

En términos similares se ha pronunciado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha tachado de "absolutamente antidemocrático" que la Asamblea haya convocado un pleno centrado exclusivamente en la convalidación del decreto-ley pactado entre PP y Vox. Según ha sostenido, esa decisión "hurta" a la oposición su función de control al impedir la presentación de preguntas dirigidas tanto a la presidenta como a los miembros del Consejo de Gobierno en funciones.

De Miguel ha ido más allá al describir el nuevo decreto como una "barbaridad jurídica", de "dudosa legalidad" y con un planteamiento que, en su opinión, resulta incluso "anticonstitucional", al pretender ampliar las funciones de un Ejecutivo limitado por su propia situación de interinidad.

Entre los asuntos por los que considera que debería comparecer el Gobierno, ha citado las consecuencias de la guerra en Irán sobre los carburantes, los fertilizantes o el transporte escolar, así como la falta de ayudas directas para los afectados por las borrascas y la situación de los bomberos forestales ante el inicio de la época de mayor riesgo de incendios.