Greenpeace cifra en 3.831 millones el sobrecoste de prorrogar tres años la central de Almaraz

Extremadura ha acogido un nuevo acto de la campaña '¿Alargar las nucleares? No, gracias', impulsada por Ecologistas en Acción, Adenex y Greenpeace, con la central nuclear de Almaraz en el eje del debate. La cita, elebrada en Badajoz, ha servido para presentar el informe Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz, encargado por Greenpeace y elaborado por Eloy Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y Víctor García, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, un trabajo que concluye que prolongar tres años la vida de la planta extremeña tendría un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros para los consumidores entre 2026 y 2033.

El acto, presentado por Óscar Manuel Alonso, ha contado con la participación telemática de Eloy Sanz y con la presencia de Carmen Ibarlucea, representante del Foro Extremeño Antinuclear, Julia Galván, de Ecologistas en Acción, y Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Extremadura. Sobre la mesa, las organizaciones convocantes han repetido una misma idea: que Almaraz, la central más antigua del parque nuclear español, se ha convertido en el símbolo de un modelo energético que consideran agotado. Greenpeace la ha definido incluso como un "dinosaurio energético", una tecnología que, a su juicio, lastra el despliegue de un sistema más flexible y apoyado en renovables.

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La tesis del estudio

El informe presentado en Badajoz sostiene que el cierre programado de Almaraz es "técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga". El análisis se basa en simulaciones horarias para el periodo 2026-2033 y evalúa el efecto del calendario de cierre sobre la demanda, el despliegue de renovables, el almacenamiento, las emisiones y los precios del mercado eléctrico. Según sus autores, en los años inmediatamente posteriores al cierre, entre 2028 y 2029, la generación renovable adicional cubriría el 96,4 % de la energía que dejaría de producir Almaraz junto con el aumento de la demanda, mientras que los ciclos combinados solo tendrían que asumir el 3,6 % restante.

El documento reconoce además un alivio transitorio entre 2028 y 2030 en el precio medio de la electricidad y en la factura, pero sitúa el giro a partir de 2031. Desde ese momento, la continuidad de Almaraz, según el informe, debilitaría la señal de inversión en renovables y almacenamiento y acabaría configurando un sistema más dependiente del gas y más caro para el consumidor. En 2033, el mercado mayorista alcanzaría hasta 63,5 euros por megavatio hora en los escenarios de prórroga, frente a los 58 euros del escenario de cierre programado. Esa diferencia es la que el estudio traduce en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros para la ciudadanía.

Menos renovables y más emisiones

El trabajo también vincula la continuidad de la planta con una menor penetración renovable. Según sus simulaciones, en 2030 la cobertura renovable del sistema sería del 65,8 % si se mantiene el calendario de cierre, pero se reduciría al 59,3 % en caso de prórroga. A ello suma otro dato que las organizaciones han puesto especialmente en valor: el cierre permitiría integrar más de 3,8 teravatios hora anuales de energía limpia que de otro modo quedarían desaprovechados. En paralelo, la prórroga supondría una pérdida acumulada de inversión de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033.

En el plano ambiental, el estudio rebate también la idea de que mantener abierta Almaraz reduzca las emisiones en el conjunto del periodo analizado. Aunque sí aprecia un efecto temporal de menor uso de gas entre 2028 y 2030, concluye que, a partir de 2030, el sistema resultante sería estructuralmente menos renovable y registraría mayores emisiones. En total, los escenarios de prórroga acumularían entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas equivalentes de CO2 adicionales entre 2026 y 2033 respecto al cierre programado, un volumen que el informe compara con las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años.

El argumento económico

A ese impacto climático añade además un coste económico indirecto. Solo por derechos de emisión, el documento calcula que la factura adicional podría alcanzar hasta 984 millones de euros, una cantidad que, según los autores, acabaría repercutiendo directamente en el precio de la electricidad. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Adenex han utilizado estos datos para sostener que la continuidad de la central no solo retrasaría la transición, sino que terminaría penalizando el bolsillo de los consumidores. En el resumen distribuido con motivo del acto, las organizaciones añaden que ese coste sería todavía mayor "si continúa la crisis energética a causa de la guerra en Irán".

Francisco del Pozo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, ha resumido esa posición durante la presentación con una imagen muy gráfica. "Insistir en la prórroga de Almaraz es como intentar mantener vivo a un dinosaurio cuyo tiempo ya pasó y que se resiste a marcharse: es una tecnología cara, peligrosa y que no se adapta al presente y al futuro renovable, flexible y democrático". En esa misma línea, ha defendido que "las energías renovables necesitan espacio para crecer y desarrollarse hacia su verdadero potencial", una idea que encaja con la tesis central del informe.

El calendario de cierre

El estudio parte del calendario de cierre acordado por las compañías propietarias del parque nuclear español en 2019, que fija el cese de explotación de Almaraz I para el 1 de noviembre de 2027 y el de Almaraz II para el 31 de octubre de 2028. Sobre ese punto, las organizaciones convocantes han insistido en que no hay razones para alterar lo pactado. El propio informe concluye que la prórroga "no cumple el criterio de viabilidad económica exigido por el Gobierno para su aprobación", al generar mayores costes acumulados, frenar la transición energética y aumentar las emisiones a medio plazo.