Isla de Valdecañas, ejemplo de ilegalidad en una exposición nacional sobre medio siglo de urbanismo

La urbanización Marina Isla de Valdecañas, cuya batalla judicial lleva abierta más de 15 años, se convierte en ejemplo en España. Pero un ejemplo de ilegalidad, de lo que no habría que hacer en el futuro del urbanismo español. El complejo turístico y de ocio ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, es el protagonista de uno de los bloques de una exposición nacional titulada ‘50 años de urbanismo en España-1975-2025’, que se inaugura el próximo lunes 13 de abril en Valladolid y recorrerá varios puntos del país a través de escuelas y colegios de arquitectos.

Organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, la muestra hace un repaso por medio siglo de desarrollo urbanístico en España, que se cuentan desde la aprobación de la reforma de la Ley de Suelo de 1975 coincidiendo además con la muerte de Franco. Cuenta con la colaboración de más de 80 autores, entre los que se encuentran los especialistas de la Universidad de Extremadura (UEx) Antonio Campesino y José Carlos Salcedo y el también extremeño Víctor Jiménez, docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

Ellos han sido los encargados de la redacción del panel dedicado a Isla de Valdecañas, en el que definen el complejo cacereño como «uno de los episodios paradigmáticos de la contradicción y tensión entre planificación territorial, protección ambiental y especulación turístico-inmobiliaria en la España contemporánea». Los investigadores extremeños hacen un repaso por la historia de este resort erigido sobre una isla artificial generada en el embalse del Tajo en los años 60 e incorporada posteriormente a la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves por sus valores relacionados con la cría, la nidificación y reproducción de aves.

El resort, abierto en 2010, lidia una intensa batalla judicial desde hace 15 años y sobre él pesan varias sentencias firmes que ordenan su derribo total. Sin embargo, «a pesar de ello, su plena operatividad actual (apoyada institucionalmente y por parte de la población desde la escala local a la regional) ha revelado la dificultad práctica de revertir operaciones urbanísticas ilegales cuando estas han alcanzado un grado avanzado de materialización», señalan los expertos.

Biodiversidad y recalificaciones

«La paradoja es evidente: mientras la administración autonómica proclamaba la defensa de la biodiversidad como seña de identidad regional, simultáneamente avalaban mediante sucesivos cambios normativos y recalificaciones la transformación de un suelo no urbanizable protegido con el argumento del interés regional y la promesa de dinamización económica en un territorio periférico y demográficamente vaciado», añaden.

Con este caso, los especialistas en urbanismo de la UEx destacan que la trayectoria de Valdecañas expone nítidamente «los límites de un modelo de desarrollo sustentado en la excepcionalidad normativa y en la debilidad de los instrumentos de planificación y los mecanismos de disciplina urbanística». Insisten en que más allá de las responsabilidades políticas del caso, Isla de Valdecañas «constituye un ejemplo revelador de cómo la retórica del interés general puede encubrir operaciones de beneficio particular, desdibujando la frontera entre lo público y lo privado y cuestionando la credibilidad misma de las políticas de ordenación territorial».