La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclama en un informe que se revierta el cierre de Almaraz

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado en un borrador de informe que se dé marcha atrás al cierre de la central nuclear de Almaraz para preservar la estabilidad de la red eléctrica, en un pronunciamiento que vuelve a situar a la planta cacereña en el centro del debate energético y político. El documento, además, pide al Gobierno español una evaluación de impacto transparente y el diseño de estrategias de transición integrales pactadas con las comunidades autónomas y con las partes afectadas.

El texto será examinado este miércoles, 15 de abril, en el seno de la comisión parlamentaria europea, donde se abrirá después un plazo de enmiendas hasta el 24 de abril antes de su votación definitiva. No se trata aún del informe final, pero sí de un movimiento político de peso en un momento especialmente sensible para el futuro de Almaraz, convertida desde hace meses en uno de los grandes frentes abiertos entre instituciones, empresas y territorios.

La visita de febrero

El borrador nace de la misión de información que una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones realizó entre el 16 y el 18 de febrero de 2026 a Extremadura y Castilla-La Mancha, con parada en la comarca del Campo Arañuelo y en la propia central, para recabar información directa sobre las consecuencias del cierre previsto y escuchar a administraciones, trabajadores y agentes locales. Esa visita fue precisamente la que ha dado forma ahora a un documento en el que Bruselas recoge tanto la dimensión energética del debate como su impacto social y territorial.

Fotogalería | La delegación de eurodiputados visita Almaraz y conoce de primera mano el funcionamiento de la central nuclear

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La delegación subraya en sus conclusiones la importancia estratégica de Almaraz para el sistema eléctrico español y para la economía extremeña. El informe recoge que la planta sostiene en torno a 4.000 puestos de trabajo, aporta alrededor del 5% del PIB regional y constituye uno de los principales motores económicos de la comunidad, con una especial incidencia en la comarca cacereña donde se asienta.

Una comarca pendiente de la central

No es un matiz menor. En el recorrido de la misión europea quedó reflejada la dependencia del Campo Arañuelo de la actividad de la planta, hasta el punto de que en el propio informe se advierte de que el cierre podría poner en riesgo los medios de vida de 15.000 personas en el entorno y frenar proyectos industriales ligados a la disponibilidad de un suministro estable. La central aparece así no solo como una instalación energética, sino como una pieza estructural para la economía de la zona y para el equilibrio demográfico del norte cacereño.

A esa dimensión territorial se suma su peso en el conjunto del sistema. El texto señala que Almaraz aporta aproximadamente el 7 % de la electricidad de España y que su producción resulta relevante para la estabilidad de la red, un argumento que ha ganado fuerza en los últimos meses en paralelo al debate sobre la seguridad de suministro y el papel de la nuclear como respaldo a las renovables.

La prórroga sigue sobre la mesa

Además, el pronunciamiento europeo llega cuando sigue viva la vía para alargar la vida de la central. La sociedad explotadora Centrales Nucleares Almaraz-Trillo solicitó oficialmente el 30 de octubre de 2025 al Ministerio para la Transición Ecológica la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos para extender su operación hasta junio de 2030, una petición sobre la que debe pronunciarse el Gobierno con el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear.

A día de hoy, el calendario vigente mantiene como fechas de caducidad de la autorización el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la unidad II. Son las fechas que siguen marcando la hoja de ruta oficial, aunque la solicitud de prórroga y ahora también el respaldo expresado en este borrador europeo han reabierto con fuerza el pulso sobre el futuro de la instalación.

El informe, en ese contexto, refuerza la posición que la Junta, los ayuntamientos del entorno y buena parte de los agentes económicos de la zona vienen defendiendo desde hace meses: que el cierre de Almaraz no es solo una cuestión energética, sino una decisión con efectos directos sobre el empleo, la actividad industrial y la cohesión territorial de Extremadura.