Cuidados públicos
Extremadura cerró 2025 con 8.420 personas pendientes de la dependencia y 1.313 fallecidos en lista de espera
UGT alerta de que la comunidad sigue a la cola del sistema, con más demora, más "limbo" y una red pública de servicios que no crece al ritmo necesario

Un hombre mayor pasea por la calle apoyándose en un bastón. / E.P
UGT Extremadura ha denunciado el empeoramiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la comunidad tras la publicación del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal, que sitúa a la región en el puesto 18 del ranking nacional, con pérdida de puntuación respecto al año anterior y que refleja, según el sindicato, un deterioro de su capacidad de respuesta.
El dato más grave que destaca UGT es el de las personas fallecidas mientras aguardaban una respuesta del sistema. Según el sindicato, en 2025 murieron en Extremadura 1.313 personas en lista de espera de la dependencia. De ellas, 616 no habían sido valoradas y otras 697 tenían ya reconocido el derecho, pero seguían pendientes de recibir una prestación o un servicio.
La organización sostiene que estas cifras consolidan una tendencia negativa y reflejan que el sistema no está garantizando de forma efectiva un derecho reconocido por ley. A ello suma otro dato de alcance acumulado: entre 2017 y 2025 han fallecido 14.504 personas mientras permanecían en lista de espera.
La lista de espera sigue creciendo
Lejos de reducirse, la lista de espera aumentó durante el último año. UGT señala que en 2025 creció en 1.633 personas hasta alcanzar las 8.420, lo que sitúa a la región en una tasa del 13,55%, por encima de la media nacional, fijada en el 11,10%.
A ese dato se añade la evolución del llamado "limbo de la dependencia", es decir, las personas que ya tienen reconocido su derecho pero todavía no reciben ninguna prestación efectiva. En la comunidad, esta tasa alcanza el 11,9%, también por encima de la media estatal, que se sitúa en el 8,3%.
Para UGT, estos indicadores reflejan un deterioro de la capacidad de resolución del sistema y muestran que miles de personas tienen reconocido su derecho sin que ese reconocimiento se traduzca aún en atención efectiva.
Más prestaciones y menos servicios
El sindicato subraya además que el crecimiento del sistema extremeño está lejos del ritmo que considera necesario. Extremadura atiende actualmente a 37.664 personas dependientes, pero en 2025 solo incrementó en 496 el número de personas atendidas, un 1,33% más. UGT contrapone ese dato al crecimiento medio del conjunto de comunidades autónomas, que supera el 10%.
Otro de los aspectos sobre los que pone el acento la organización es el modelo de atención. Según UGT, la región concentra el 45,3% de su cartera en las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), siendo la única autonomía con ese perfil.

Evolución del sistema de dependencia en Extremadura a cierre de 2025. / UGT Extremadura
Frente a ello, el peso de los servicios públicos sigue siendo reducido. El Servicio de Ayuda a Domicilio representa solo el 2,1% de la cartera y mantiene una evolución negativa, mientras que la teleasistencia ha registrado una caída de 373 atenciones, lo que supone un retroceso del 108% respecto al año anterior.
Para UGT, estos datos evidencian un modelo basado en prestaciones de bajo impacto económico, que limita la capacidad real del sistema para dar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas dependientes.
Menor inversión por persona atendida
El informe también recoge los principales datos económicos del sistema. Los costes directos del SAAD en Extremadura ascendieron en 2025 a 258,6 millones de euros, financiados en un 45% por la Administración General del Estado, en un 41% por la comunidad autónoma y en un 14% por las personas usuarias.
UGT añade que el sistema genera 12.043 empleos directos, con solo un nuevo puesto creado en todo el ejercicio, y retorna a las arcas públicas 90,6 millones de euros en cotizaciones, IRPF e IVA, lo que supone una tasa de recuperación del 41,57% de lo invertido.
En ese contexto, el gasto público medio por persona dependiente atendida se sitúa en 5.223,8 euros, casi 800 euros por debajo de la media nacional. El gasto por habitante alcanza los 183,7 euros, también por debajo del conjunto del Estado. Según UGT, esa menor inversión está relacionada con el predominio de prestaciones de menor coste frente a servicios públicos de mayor intensidad.
"El reconocimiento del derecho no puede convertirse en papel mojado"
La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha señalado que "los datos del Observatorio confirman que estamos ante un problema estructural grave. No se trata solo de retrasos administrativos, sino de un sistema que no está garantizando un derecho básico".
Ladera ha advertido además de que "el reconocimiento del derecho no puede convertirse en papel mojado. Si la prestación no llega a tiempo, el sistema está fallando en su función esencial, que es proteger a las personas más vulnerables".
En la misma línea, ha afirmado que el aumento de los fallecimientos en lista de espera y el crecimiento del "limbo" evidencian un deterioro de la capacidad resolutiva del sistema incompatible con una gestión eficaz de la dependencia.
Impacto sobre las familias y los cuidados
UGT insiste en que esta situación tiene una repercusión directa sobre las personas más vulnerables, especialmente mayores de 80 años y mujeres, que constituyen la mayoría de las solicitantes.
El sindicato advierte también de las consecuencias laborales del mal funcionamiento del sistema. A su juicio, la falta de respuesta pública incrementa la presión sobre los cuidados informales, que recaen mayoritariamente en mujeres trabajadoras, y provoca reducciones de jornada, abandono del empleo y precarización.
UGT pide más recursos y refuerzo del sistema público
A la vista de estos datos, UGT Extremadura reclama una respuesta urgente por parte de la Administración autonómica. Entre sus demandas figuran el refuerzo de los equipos de valoración, la reducción real de los plazos de resolución, el incremento de la financiación finalista y la ampliación de la red pública de servicios y prestaciones.
María José Ladera ha resumido esa exigencia al señalar que "Extremadura necesita un sistema de dependencia ágil, suficientemente financiado y con capacidad de respuesta real. No podemos permitir que el derecho se reconozca sobre el papel, pero no se haga efectivo en la vida de las personas".
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